Las citadas asociaciones denuncian la situación puesto que es el estado, y su gobierno, el responsable de garantizar este derecho humano a alimentarse "desde tres obligaciones concretas: la de
respetar, la de proteger y la de realizar el derecho a la alimentación
dentro de sus fronteras", y "el estado español no está cumpliendo con sus
obligaciones como garante de este derecho" (como de muchos otros, hay que añadir a las palabras de los denunciantes).Según relatan en su denuncia, han constatado la puesta en marcha de "políticas que están vulnerando sistemáticamente ese derecho humano" mientras que "no se están poniendo en práctica las medidas políticas coordinadas y efectivas para revertir esta situación, pues el Gobierno está siendo "altamente eficaz" en la tarea de "salvar al sistema financiero" pero "incapaz de articular medidas que aseguren que su población tiene las necesidades básicas, como es la de la alimentación, cubiertas".
En este sentido, comunican a la ONU que se han recortado "entre un 30 y un 50%" las becas de comedor, se ha suprimido la prestación por nacimiento o adopción de hijo, se ha "reducido la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social para menores de 3 años de 500 euros hasta 291" y "se han producido reducciones en las ayudas monetarias a la infancia y sus familias en prácticamente todas las Comunidades Autónomas".
Las organizaciones exponen que además de un problema de subnutrición, en España se está incrementando la malnutrición infantil por falta de recursos, que tiene su reflejo en el índice de obesidad, que ya afecta al 25% de los niños, mientras que el 17% de los que viven bajo el umbral de la pobreza están en esta situación. "Se trata de una de las causas identificadas por las entidades que trabajan el tema", explican al relator de la ONU.
No obstante, también exponen la situación de los adultos, ya que, según apuntan citando datos del Instituto Nacional de Estadística, una de cada cuatro personas mayores sufre desnutrición, que se agudiza entre mayores de 80 años que viven solos. "Existe un problema grave: una parte muy importante de la población no puede comprar los alimentos mínimos y básicos para nutrirse", señalan.
El texto asegura que con este panorama, el Gobierno español "se inhibe", es decir, pasa de todo, salva de salvar a sus financiadores, los grandes bancos y empresas, porque "no ha puesto en marcha ni una sola medida que revierta y alivie esta realidad", mientras "la mayoría de comunidades autónomas, con numerosas competencias en esta materia, siguen recortando ayudas básicas que vulneran el derecho humano a la alimentación" en lugar de articular entre todos "políticas alimentarias que garanticen una dieta saludable y sostenible a precios asequibles para todos".
Probablemente el gobierno se agarrará como a un clavo ardiendo a la excusa de que es la Union Europea quien impone los recortes o que es el mercado quien manda, demostrando que la soberanía nacional hace años que la tiraron a la basura y que los miembros del ejecutivo, nacional o autonomico, se dedican tan solo a llenar el bolsillo y a ganarse la pensión vitalicia para cuando se retiren. Mientras tanto, la situación de los trabajadores españoles se parece cada vez mas a aquellos tiempos de la España pisoteada por el ideólogo del régimen actual, el sanguinario General Franco, y en pocos años, o incluso meses si la gestión del gobierno sigue tal cual y si los trabajadores no cambian las cosas, continuaremos nuestro viaje al pasado para ubicarnos de nuevo en la España del hambre y la miseria.
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