8000 denuncias de tortura durante los gobiernos de Zapatero y Rajoy

El hábito de la tortura en los cuartelillos, comisarias y cárceles dista mucho de ser un mal recuerdo del franquismo o la transición. Al contrario, y teniendo en cuenta que los vicios de la dictadura se han prolongado con maquillaje democrático hasta la actualidad, durante los mandatos de los dos últimos presidentes del gobierno (Zapatero, del PSOE, y Rajoy, del PP) ha habido cerca de 8000 denuncias, la mayoría, a pesar de los toques de atención dados a España por la Unión Europea, tratados con desdén y despreocupación por las autoridades y los jueces del régimen. Y todo ello sin contar los casos que no se denuncian por el miedo a las fuerzas de seguridad-represión del estado.

El “Informe sobre la Tortura y los Malos Tratos en el estado español en 2015”, publicado en junio de 2016 por la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura (CPDT). que se hace público consecutivamente desde hace 12 años, recopila casos de tortura, malos tratos y muerte bajo custodia en el estado español.

Durante 2015 se recogen un total de 128 “situaciones” de torturas o malos tratos, en las que resultaron afectadas 232 personas. Si se contabilizan desde 2004, el número de “situaciones” se eleva a 3.261, con 7.812 personas afectadas. Sin embargo, los autores subrayan que el documento no recoge todos los episodios de torturas y tratos vejatorios en 2015, ni siquiera el conjunto de las denuncias presentadas ante los tribunales.

En cuanto a las características de las personas que denunciaron maltratos o torturas en 2015, el informe resalta que muchas de ellas formaban parte de movimientos sociales (89), 50 eran migrantes; 37, personas presas; 19, menores de edad y 58 denunciaron agresiones por otros motivos (comisión de pequeños delitos contra la propiedad o la salud pública, durante identificaciones rutinarias en la calle o tras acudir a una comisaría para denunciar que fueron objeto de un delito). Una persona puede adscribirse a más de una categoría (por ejemplo menor-migrante), por lo que el número de personas computadas en este apartado (253) supera a las recogidas en el informe (232). Respecto a la tipología de funcionarios, el que acumula mayor número de denuncias es la Policía Nacional (67), seguido de la Ertzaintza (47), Prisiones (37), policías locales (36), 

Guardia Civil (34), Mossos d’Esquadra (5), Centros de menores (3), y Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (3).

¿Cuál es la actuación de los tribunales españoles frente a las torturas, lesiones, delitos contra la integridad y/o malos tratos? La CPDT da cuenta de 95 sentencias durante 2015 (no se trata de todas las dictadas), de las que 43 se saldaron con una condena y 52 con la absolución. Añade el informe que 227 funcionarios tuvieron que comparecer en juicio, como acusados, ante los tribunales (el 44%, policías locales; el 33%, policías nacionales y el 17% guardias civiles). Los agentes de la policía local fueron quienes sumaron mayor número de condenas (31), seguidos por la guardia civil (18), la policía nacional (15) y los funcionarios de prisiones (3). Por otro lado, resultaron absueltos de los procesos judiciales 68 policías locales, 58 policías nacionales y 22 agentes de la guardia civil. La mayor parte de las sentencias condenatorias se correspondió con una falta de lesiones. Pero más allá del análisis cuantitativo, la CPDT destaca el “miedo existente a denunciar las agresiones sufridas por agentes públicos”. Ello se debe a la posibilidad de que las fuerzas de seguridad del estado realicen contradenuncias, por ejemplo, por supuesto atentado o resistencia. De hecho, muchas de las personas que denunciaron torturas y llegaron a juicio -34 de un total de las 95 que recoge el informe, un 38%- fueron denunciadas, primero, y acusadas, después, por la fiscalía como supuestos responsables de resistencia o atentado.

El documento agrega otro factor relevante: la lentitud de la Administración de Justicia. Ello ha dado lugar, según la CPDT, a la absolución de varios funcionarios por la prescripción de las faltas por las que eran juzgados o se les había condenado. Se señalan asimismo importantes rebajas en las penas a “agresores” condenados, o la absolución -después de la reforma del Código Penal- de condenados por faltas (sobre todo de lesiones) después de que estas se despenalizaran y no serles de aplicación la tipificación de “delito leve de faltas”. Se han producido casos como la absolución por parte de la Audiencia Provincial de Madrid de seis policías locales de Coslada, juzgados por detención ilegal, lesiones y coacciones. Tanto la fiscalía como la acusación particular pidieron en el citado caso penas de prisión e inhabilitación por los hechos ocurridos en septiembre de 2005, durante un control de alcoholemia. También reviste interés el juicio contra dos agentes de la policía local de Soria, que se celebró en 2015 en la Audiencia Provincial. La Fiscalía no formuló acusación a los agentes, pero sí contra uno de los denunciantes por una supuesta falta de desobediencia y respeto a los policías. El Tribunal absolvió a los dos agentes. El informe cita el ejemplo, asimismo, de la absolución de dos guardias civiles y un policía local de Escalona (Toledo), por parte de la Audiencia Provincial. Se les juzgó por los delitos de lesiones, contra la integridad moral y abuso de autoridad por los hechos ocurridos tras un incidente de tráfico.

El informe dedica un apartado a las muertes bajo custodia en el estado español. Constata el fallecimiento de 30 personas en 2015 (616 muertos entre 2001 y 2015) mientras se hallaban bajo la custodia de funcionarios de prisiones o policías. El documento de la CPDT aclara que no en todos los casos los hechos se corresponden con delitos, y también hay ejemplos de accidentes “inevitables”; pero en otras ocasiones se ponen de manifiesto negligencias. Los autores llaman la atención sobre que, de los 30 casos referenciados, en 17 el agente “custodio” fuera un funcionario de prisiones y en seis un policía nacional. Otro dato de interés es que 21 de las muertes tuvieran lugar en las cárceles.

En consecuencia, la coordinadora señala “el problema que suponen las muertes durante la privación de libertad”. No en todos los casos, pero ciertamente se producen “fallos en la salvaguarda del derecho a la salud y la integridad física de las personas bajo custodia, o en las condiciones higiénico-sanitarias”. Generalmente, las reclamaciones judiciales no prosperan; así, los tribunales de justicia rechazaron el 87,5% de las mismas, tras la muerte de ciudadanos que se hallaban bajo custodia. Así ocurrió cuando la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional denegó la indemnización solicitada por la madre de una persona que se ahorcó, en septiembre de 2013, en la cárcel de Aranjuez-Madrid VI. La Audiencia Nacional también desestimó la demanda de la familia de un preso, muerto por sobredosis (febrero de 2011) en la prisión de Puerto III (Cádiz). Por último, el informe se hace eco en Ceuta y Melilla de situaciones en que las personas migrantes, tras trepar por las vallas y sufrir lesiones a causa de las concertinas, fueron entregadas a la policía de Marruecos (“devoluciones en caliente”); y ello, sin recibir la atención médica adecuada y con el riesgo de agresiones por parte de la gendarmería marroquí.