"¿Hasta cuándo el furor de los déspotas será llamado justicia y la justicia del pueblo, barbarie o rebelión?" Maximilien Roberspierre.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en un comunicado leído en la puerta del Banco de España ha anunciado que "ante el rechazo, por parte de las Cortes, de las propuestas de mínimos contenidas en la Iniciativa Legislativa Popular(ILP)" hace un llamamiento a la ciudadanía a "tomar las calles para poner fin a la estafa hipotecaria participando en la marcha que convocamos para el próximo 8 de junio y cuyo recorrido es toda una declaración de intenciones."
"Los responsables de la comercialización de productos financieros altamente tóxicos tienen nombres y apellidos. Y los vamos a señalar. No aceptamos respuestas de mínimos a un problema de emergencia habitacional. Por eso, subimos las apuestas."
Es la primera respuesta pública de esta organización después del rechazo de las Cortes a la ILP. La campaña lanzada desde Madrid ha tenido una gran acogida, y se han podido ver las calles y sobre todo sucursales bancarias, pegadas con carteles como los que acompañan a esta entrada que señalan directamente a los responsables.
La manifestación partirá de la Asociación Española de la Banca, que reúne a las entidades financieras más importantes del país; realizará la primera parada en el Ayuntamiento de la capital para exigir el cese de los desahucios de vivienda pública y del cobro de impuestos a las personas víctimas de ejecución hipotecaria; pasará por el Banco de España, corresponsable de la situación denunciada y concluirá en la Audiencia Nacional, para exigir JUICIO Y CASTIGO a los responsables de la estafa hipotecaria de los que han empezado a recabar pruebas para llevarlas a los tribunales de justicia.
Por nuestra parte, dudamos que la Audiencia Nacional, el antiguo Tribunal de Orden Público franquista con idénticas funciones que entonces en la actualidad, es decir, principalmente vigilar que el sistema y sus clases privilegiadas se mantengan impunes e intocables, haga nada al respecto, pues precisamente se trata de mantener la injusticia, y no de garantizar la justicia.
Si en España hubiera realmente justicia, los déspotas y mafiosos responsables de la crisis y de estafas como la denunciada por la PAH serían considerados según sus actos, bárbaros y criminales; pero de momento las leyes las hacen y las aplican esos mismos déspotas, su clase social, y no basta por lo tanto con señalar con el dedo a los delincuentes, sino que hay que acabar con el sistema que garantiza su impunidad y privilegios, y hacer que sean los trabajadores los legisladores y ejecutores de la justicia, en lugar de, como hasta ahora, simplemente sus victimas.
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