En las últimas dos décadas se han contabilizado más de 50.000 detenciones y desapariciones, y durante el tiempo de gestión del Presidente Enrique Peña Nieto se han sumado más de 330 casos de agresiones a defensores de los derechos humanos en México. Esta es una realidad que ocultan los medios de propaganda privados, que en su mayoría están alineados con la política de Peña Nieto, orientada a favorecer los intereses de quienes realmente ostentan el poder en México, las mafias del narcotráfico y las grandes multinacionales, principalmente estadounidenses. Un modelo que coincide como calcado del colombiano, donde Estados Unidos también tiene un papel esencial en el negocio de la droga y de la muerte.
En este contexto se produjo la masacre contra los 43 estudiantes normalistas del pasado 26 de septiembre, asesinados por orden del estado mexicano en Iguala, estado de Guerrero. Aunque fue la gota que movilizó a la opinión internacional abriendo los ojos de la realidad política de México, en realidad su asesinato no fue un hecho excepcional, sino un acto indeseablemente cotidiano en vecino del sur de Estados Unidos.
Aquel día, 26 de septiembre, fueron asesinados seis estudiantes, y 43 fueron "desaparecidos". Ahora ya se sabe la verdad: el estado mexicano ordenó su muerte:
“La policía se los llevó (…) El Ejército y la Policía Federal Preventiva hizo una especie de bloqueo para que nadie pasara hasta que terminará la represión, hubo muchos heridos, pero se llevaron a 43 personas porque no cabían más en las camionetas.” Los estudiantes habían organizado una movilización que tenía entre sus objetivos sabotear una reunión en Iguala, en la que el hoy ex alcalde pretendía presentar a su esposa como posible candidata para sustituirlo en el cargo.
Los 43 estudiantes desparecidos tenían entre 19 y 25 años, y en su mayoría campesino indígenas, de procedencia humilde, que se estaban formando como profesores bajo una visión socialista, humanista, para retornar a sus comunidades de orígenes y seguir así trabajando en sus comunidades. De hecho, las escuelas normales son casi la única opción en Mexico para los más pobres, y están en el punto de mira del gobierno, porque son creadores de conciencia social, de semilla de lucha.
Hoy ya se sabe qué les hicieron a los 43 estudiantes desarmados, tal y como ha confirmado el procurador general de la República: los desaparecidos el pasado 26 de septiembre en el estado mexicano de Guerrero fueron secuestrados por la policia de Iguala, asesinados y después quemados en el basurero de Cocula. Algunos de ellos estaban inconscientes, aún vivos. Los asesinos hicieron guardia para asegurarse de que el fuego durara horas –más de 12–, arrojaron piedras, neumáticos y gasolina a los cuerpos. Alrededor de 15 de las víctimas murieron por asfixia. Los restos están tan calcinados que no todos van a poder ser identificados: el objetivo de los criminales era no dejar el menor rastro, y prueba de ello es que quemaron hasta las ropas de los que participaron en la matanza de los estudiantes.No se trata, repetimos, de un hecho aislado. Es el pan de cada día de un país en el que la ley la imponen los narcotraficantes, con la colaboración de las autoridades y las fuerzas del orden; un estado donde, los que mandan, es decir, las multinacionales realizan sus negocios, legales o ilegales, bajo la protección de una clase política corrupta y criminal, de un gobierno que se confunde y entremezcla, como sucede en cualquier régimen donde rige la barbarie capitalista, con las grandes corporaciones criminales, a las que sirven y a las que pertenecen.
1 comentario:
También hay que tener claro quien crea y apoya a esa mafia de la droga para que le haga el trabajo sucio.
Saludos.
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