El gobierno defiende a los suyos y niega que el franquismo cometiera un sanguinario genocidio

Tirando por lo bajo,  al menos, 132.202 ciudadanos, que defendieron la legalidad y la democracia de la II República, fueron asesinados durante la Guerra Civil, y constan como tales en los registros. Otros 200.000 ciudadanos, que el régimen fascista consideró como republicanos, murieron en las cárceles y campos de concentración de la España franquista. Y en las cunetas de cualquier carretera secundaria del país hay enterrados más de 114.000 desaparecidos. De hecho, las Administraciones Públicas tienen constancia de 1.204 fosas comunes sin abrir. A estas cifras hay que añadir el aterrador balance represor de la dictadura que desde 1939 hasta 1978 manejó cualquier espacio de poder del Estado español, forznando a miles de españoles al exilio, secuestrando a niños para entregarselo a cómplices del genocidio y apropiándose de los bienes de los fusilados o los exiliados.

España, con más de 114 000 desaparecidos, es «el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados».

Sin embargo, el Gobierno español afirma que estos hechos "difícilmente podrían encajarse en la figura de 'genocidio' que exige 'la eliminación, de forma total o parcial, de un grupo nacional, étnico, racial o religioso".

Así lo ha asegurado en una respuesta parlamentario al diputado de Amaiur, Jon Iñarritu, que preguntaba al Ejecutivo por los motivos por los que el Gobierno denegó la extradición a Argentina de los 17 responsables de la dictadura franquista que fueron reclamados por la Justicia del país sudamericano en aras de la Justicia Universal, y entre los que se encontraban, los exministros Martín Villa y José Utrera Molina, el suegro de Alberto Ruiz Gallardón.

Una de las miles de fosas comunes del genocidio sobre las que se sostiene
el régimen "democrático" actual

De esta manera, el Ejecutivo alega también que la Audiencia Nacional negó la calificación de dichos delitos como de "lesa humanidad" cuando rechazó la extradición de otros tres torturadores de la dictadura franquista, entre ellos se encuentra 'Billy el niño', por considerar que los delitos no formaban parte de un "ataque sistemático y organizado a un grupo de población" ¿Perseguir a los defensores de la democracia republicana, a la mitad de los españoles, no es "un ataque sistemático y organizado a un grupo de población"?

El gobierno se burla de todas las víctimas del franquismo, (al fin y al cabo están defendiendo a los suyos), diciendo que "De probarse que los ciudadanos españoles encausados en Argentina fueron culpables de los delitos de los que se les acusa, éstos no serían ni genocidio ni lesa humanidad y, por tanto, habrían prescrito. El principio de la extinción de la responsabilidad penal es otro de los principios básicos de nuestro derecho que no cabe soslayar". La respuesta del Ejecutivo a las preguntas planteadas por el diputado de Amaiur trasladan la idea de que los crímenes de la dictadura son imposibles de juzgar. Ni en España, ni en ningún lugar del mundo.

En primer lugar, porque "el ordenamiento jurídico español establece que corresponde a España, y no a un tercer país, la competencia de juzgar los delitos cometidos por españoles en territorio español". "Se trata del principio de jurisdicción preferente", acota el escrito que prosigue afirmando que, en este caso, no es aplicable el llamado "principio de jurisdicción universal".  En segundo lugar, porque estos crímenes están protegidos por la Ley de Amnistía de 1977, "instrumento fundamental de reconciliación entre los españoles". Y en tercer lugar porque, aún en el hipotético caso de que el Estado derogara la Ley de Amnistía, las exigencias "del principio de legalidad" no permitirían que fueran juzgadas de manera retroactiva "sucesos ocurridos bajo el ámbito objetivo de la aplicación de la Ley de Admnistía".

Mapa de las fosas comunes, según el propio Ministerio de Justicia

Recordemos que esa Ley de Amnistia general, cuyo objetivo principal era evitar que los criminales franquistas fueran juzgados y que pudieran crear partidos políticos, seguir dirigiendo grandes empresas y manteniendo sus privilegios en la "nueva" España "democrática", y que fue aceptada por todos los que pactaron la continuidad de la dictadura con maquillaje democrático, incluyendo a los propios genocidas pero también a otros partidos como el PSOE o, incluso, el Partido Comunista.

Al gobierno no le interesa la opinión de la ONU, que ha respondido a su defensa de los genocidas aclarando que "El Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos", señalaron, al insistir en que "la tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa Humanidad".

Que España sea un gran cementerio plagado de fosas comunes, que miles de familias sigan buscando a sus abuelos desaparecidos, que miles de niños hayan sido secuestrados y entregados a empresarios, militares o políticos del régimen y que millones de euros en bienes robados a los republicanos todavia sigan en manos de los criminales, no parece importarle demasiado al gobierno que, no obstante, no hace más que defender sus intereses, pues el Partido Popular, herencia directa de la Alianza Popular del ministro franquista y también genocida Manuel Fraga, como otros partidos refundados en la Transición con el principal objetivo de mantener incólume el régimen, como el PSOE (tambien plagado de franquistas e hijos), son, ni mas ni menos los continuadores de aquellos que bañaron en sangre a nuestro país; por lo tanto, juzgar a aquellos sería aceptar, sin marcha atrás, la condena a los que fueron cómplices de su impunidad, por no hablar de asumir el carácter fascista de las instituciones que surgieron de aquel régimen genocida: la monarquía y sus representantes, nombrados a dedo por el genocida Francisco Franco, instituciones como la Audiencia Nacional, antiguo Tribuna de Orden Público, por no hablar de a los grandes empresarios actuales que hicieron su fortuna aprovechando las facilidades de la dictadura y el trabajo barato de sus víctimas.

En definitiva, es "normal" que el gobierno y todos aquellos que pactaron la aberración conocida como Transición, eufemismo inventado para ocultar que apenas hubo cambios y que su único fin era que todo continuara igual, se nieguen a aceptar que el franquismo fue un genocidio brutal a la altura del perpetrado por los nazis y que defiendan con uñas y dientes que el régimen que les dió vida no fue un verdadero régimen del terror. Aceptar esa evidencia significaría también asumir que la pantomima democrática actual y sus sostenedores son, como poco, cómplices de que aún aquellos brutales crímenes no hayan sido juzgados y, si se llevara a sus últimas consecuencias, que las autoridades políticas, como los reyes, los presidentes y los altos cargos de las instituciones, como también la mayoría de las económicas, especialmente los propietarios de las grandes empresas, nutridas y engordadas durante la dictadura con trabajo esclavo o con el saqueo de los recursos nacionales, deberían estar entre rejas o, mucho mejor, en algún campo de trabajo produciendo algo útil para los españoles por fin, en vez de vivir a su costa como parásitos.