La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos humanos de Estrasburgo, avalando la politica española de prohibir una vez tras otra los partidos que no condenan "la violencia" demuestra que la Union Europea es una institucion reaccionaria y conservadora, que antepone la seguridad a la libertad, que justifica dejar sin voz a miles de ciudadanos por una supuesta (no demostrada) vinculacion de esos partidos con la violencia terrorista.En primer lugar, que la condena de la violencia sea una exigencia previa para que no se aplique la ley de partidos politicos es hipocrita y casi surrealista ¿Que violencia hay que condenar, solo la que interesa a los propietarios, burgueses, empresarios, ejercito, iglesia y funcionarios, es decir, a los poderes facticos del sistema? Porque la violencia, lamentablemente, no es solo la de ETA, que tambien usa la violencia, por supuesto, una violencia condenable igual que todas, sino que, como decia Bertold Brecht en su gran poema, hay muchas formas de matar. Se puede matar de hambre, en la fabrica, hay violencia sexual y de genero, tambien hay violencia de privacion de libertad o, mas claramente, violencia en Afganistan, Irak tantos otros paises del mundo (con la participacion directa en ella del gobierno español).
Sin ir mas lejos hay violencia policial cuando se tortura a un detenido, hay violencia cuando se rompe la ley que se aplica a todos los españoles para hacerla especial para algunos (como sucede con la dispersion en las carceles solo para etarras -y ahora el termino etarra es muy flexible y se puede aplicar a casi todo el mundo, solo por decir que no solo hay un culpable en el conflicto vasco, por ejemplo).
En segundo lugar, la presuncion de inocencia, la libertad de expresion o la libertad de participar en unas elecciones es algo que se olvida cuando se aplica este tipo de leyes. Se ilegalizan formaciones porque uno de sus miembros (o 10) han pertenecido alguna vez a otro partido prohibido (y eso justifica que el resto de los integrantes sean tambien "del entorno de ETA"), dejando sin representacion a miles de ciudadanos. O sea, se se hace ley el dicho de que por unos pocos pagan todos, obviando que la responsabilidad legal es individual y no colectiva.
A la vez en vez de enjuiciarse los actos tambien se juzgan las intenciones, los deseos, los pensamientos. Como una nueva policia del pensamiento que anticipara Orwell (y no precisamente pensando en la vida en el mundo sovietico como dicen los medios de propaganda sino en la persecucion que el mismo sufrio dia a dia por parte de los servicios secretos ingleses por relacionarse con grupos "radicales"), en España no se puede desear que alguien mate a otro, o aplaudir una lucha determinada de un pueblo. No digo que aplaudir una muerte sea un acto loable, mas bien es al contrario, pero nunca criminal. El criminal es el que mata, el que financia, el que colabora, pero nunca el que no condena que otro mate. Si hay colaboradores de ETA en algun partido politico, hay que detenerlos a ellos, pero no ilegalizar a todo el partido. Esto solo sucede en una democracia franquista como la española, una democracia aberrante.
En segundo lugar, la presuncion de inocencia, la libertad de expresion o la libertad de participar en unas elecciones es algo que se olvida cuando se aplica este tipo de leyes. Se ilegalizan formaciones porque uno de sus miembros (o 10) han pertenecido alguna vez a otro partido prohibido (y eso justifica que el resto de los integrantes sean tambien "del entorno de ETA"), dejando sin representacion a miles de ciudadanos. O sea, se se hace ley el dicho de que por unos pocos pagan todos, obviando que la responsabilidad legal es individual y no colectiva.A la vez en vez de enjuiciarse los actos tambien se juzgan las intenciones, los deseos, los pensamientos. Como una nueva policia del pensamiento que anticipara Orwell (y no precisamente pensando en la vida en el mundo sovietico como dicen los medios de propaganda sino en la persecucion que el mismo sufrio dia a dia por parte de los servicios secretos ingleses por relacionarse con grupos "radicales"), en España no se puede desear que alguien mate a otro, o aplaudir una lucha determinada de un pueblo. No digo que aplaudir una muerte sea un acto loable, mas bien es al contrario, pero nunca criminal. El criminal es el que mata, el que financia, el que colabora, pero nunca el que no condena que otro mate. Si hay colaboradores de ETA en algun partido politico, hay que detenerlos a ellos, pero no ilegalizar a todo el partido. Esto solo sucede en una democracia franquista como la española, una democracia aberrante.
Sobre todo cuando, por otro lado, los crimenes del padre de la democracia, Franci
sco Franco, no son condenados ni siquiera investigados por los adalides de la necesaria condena de la violencia, lo mismo que la actitud sospechosa de la policia española, tanto en grupos antiterroristas como el GAL aun no aclarados del todo como en su labor habitual en el tiempo de incomunicacion en el que los presuntos terroristas (y solo ellos como presos especiales) pueden ser mantenidos.
Y por ultimo, aunque no tenga que ver con la ley de partidos pero si que tiene mucha importancia en la situacion creada en Euskal Herria, se castiga a los familiares de los presos como si el padre, la madre, o la novia de un terrorista tuviera parte de culpa en los delitos de su hijo. Esto es aberrante. Que la familia de un etarra tenga que viajar a ver a su hijo a 700 kilometros cuando la ley para todos dice que el preso tiene que estar en la carcel mas cercana posible, justifica que el trato que se les da sea de presos especiales, politicos. Como si nuestro hermano mata a alguien y nosotros tenemos que sufrir tambien el castigo (como si no fuera ya suficiente castigo que tu familiar este en la carcel -sobre todo para el-). Este es otro ejemplo de la aplicacion de la ley tanto a delincuentes como a su entorno, juzgandose ademas del acto del delito las relaciones sentimentales, intelectuales o familiares del delincuente.
El Estado de derecho tiene que luchar contra el terrorismo o cualquier otro delito con la ley, con una legislacion que se aplique igual para todos (incluso para el jefe del estado), y que sirva tambien para combatir cualquier tipo de violencia, no solo la que interesa. Si los terroristas son criminales, que se les trate como al resto de criminales. Tratarles como delincuentes "especiales", porque tienen fines politicos en su actuacion solo sirve para reconocer que son, como ellos mismo dicen, "presos politicos" y que hay un conflicto politico detras de su lucha, como niegan continuamente los representantes del gobierno.
En fin, que el Tribunal de Derechos Humanos europeo diga que la Ley de Partidos Politicos es "democratica" solo define la opinion que tienen las instituciones europeas de la democracia: lo importante no es que el pueblo se exprese, que luche por sus ideas a traves de las formulas construidas para ello, sino que el Estado se sienta seguro y sin que nadie lo ponga en riesgo. Seguridad antes que libertad, y en nombre de la primera se justifica mutilar a la segunda.
Como dicen los integrantes del PCPE que escriben el siguiente articulo, ademas esta decision afecta a cualquier disidente que quiera expresar sus ideas alternativas en partidos politicos: desde ahora tendran que pasar por el aro que definan los partidos oficialistas, porque si no la ilegalizacion sera siempre una espada de Damocles sobre ellos. Un escenario bastante poco democratico.
ESTRASBURGO, EL RETRATO DE UNA EUROPA REACCIONARIA
Enrique Bert y Pablo Lorente son militantes del EK-PCPE
La decisión del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo de respaldar la llamada Ley de Partidos y las consecuentes y sucesivas ilegalizaciones sufridas por la Izquierda Abertzale en los últimos años supone un espaldarazo político de primera magnitud a la política antidemocrática acordada por PP y PSOE en el llamado Pacto Antiterrorista; de ahí la indisimulada satisfacción expresada por ambos partidos políticos. Sin embargo para los y las comunistas, esta decisión “jurídica” no hace sino mostrar a todos los demócratas y progresistas europeos la realidad política de esta Europa del capital y del imperialismo.
Hace pocas semanas, durante la campaña electoral al Parlamento Europeo desde el PCPE ya decíamos que nuestra candidatura confrontaba el proyecto europeo imperialista al mismo tiempo que calificábamos a la Unión Europea (y por ende a sus instrumentos jurídicos) como imperialista e instrumento sin reforma posible. Los y las comunistas nos presentamos para denunciar el carácter antidemocrático, capitalista e imperialista de la Unión Europea a la vez que reivindicábamos el Socialismo como única vía de solución para los graves problemas políticos, sociales y económicos que sufre la clase trabajadora europea.
Estas palabras, dichas apenas hace unas semanas, podrían repetirse de forma casi literal ante un hecho de trascendencia política como es el aval jurídico a la estrategia de represión y degradación democrática que supuso la implantación y posterior puesta en práctica de la Ley de Partidos, ley que no podemos olvidar se redactó ad hoc con el único objetivo de dejar fuera del juego político y de la realidad institucional –ellos lo llaman “fuera de la legalidad”- a la Izquierda Abertzale.
La Ley de Partidos fue un instrumento que surgió para contestar desde la supuesta legalidad a una realidad social que lograba una vez sí y otra también respaldo popular y alcanzaba distinta representación institucional en todas las contiendas electorales. A pesar de los discursos grandilocuentes donde se afirmaba una vez tras otra el final del mal llamado “problema vasco” PP y PSOE se encontraban con la terca disposición de miles de vascas y vascos a seguir pensando en clave independentista y socialista. Cuando en momentos de tregua esta Izquierda Abertzale se colocó cerca de la gestión institucional, lo que es lo mismo que decir cerca de romper el status quo implantado por los grandes partidos del Estado más PNV y UPN, por el cual se garantizaba tanto la “gobernabilidad” de las comunidades autónomas del País Vasco y Nafarroa como el equilibrio mismo del estado, éste respondió dando un salto adelante en la fascistización de los distintos poderes, procediendo a ilegalizar, detener, encarcelar y reprimir.
Por lo tanto, ante el hecho de no poder derrotar a la realidad política y social independentista y de izquierdas estos partidos decidieron –al más puro estilo del apartheid sudafricano- relegar a esas miles de personas y vivir como si no existieran. Esta situación, profundamente reaccionaria y antidemocrática, ha sido avalada por el Tribunal de Estrasburgo. La Unión Europea se ha retratado a sí misma, avalando la política represiva del Estado español y, en última instancia, prefiriendo mirar más por su seguridad interna antes que defender los derechos humanos de miles de ciudadanos y ciudadanas.
Esta decisión es histórica porque avala la represión desde la democracia burguesa. Mientras la extrema derecha campa a sus anchas en Europa, mientras los xenófobos, racistas, reaccionarios y capitalistas alcanzan cada vez mayores cotas de poder ante el silencio cómplice de muchos, la izquierda es perseguida sin miramiento alguno. Los casos de la República Checa, de Turquía, de Hungría, de las repúblicas bálticas,… donde los comunistas y progresistas son perseguidos, pueden tener y usar de aquí en adelante el aval que este tribunal ha dado a la persecución, detención y encarcelamiento de dirigentes políticos cuyo único delito ha sido –conviene no olvidarlo- exigir el derecho de autodeterminación para el Pueblo Vasco y la necesidad del diálogo para afrontar sinceramente la solución de un conflicto armado que dura ya demasiado.
Con esta decisión Estrasburgo apuesta por la represión y ello conllevará mayores dificultades para solucionar el conflicto político. Es más, la actitud del gobierno Zapatero con la lista Iniciativa Internacionalista en el último proceso electoral nos advierte que la aplicación de la Ley de Partidos está dispuesta a traspasar las fronteras de Euskal Herria y del Estado español para poder criminalizar y golpear a todas aquellas personas solidarias, progresistas y/o revolucionarias que discrepen del actual estado de las cosas.
Esta decisión antidemocrática supone un espaldarazo a las tentaciones más reaccionarias que PP y PSOE puedan tener. A pesar del uso abusivo de términos como “estado de derecho”, “libertad política” o “igualdad de oportunidades” el proceso de degradación política que se está dando en el Estado español nos hace presumir que dentro de poco, aquellos que reivindicamos la república, que defendemos el derecho de autodeterminación del Pueblo Vasco y de todos los pueblos del Estado y de Europa, que todos aquellos que defendemos sin ambages el socialismo podemos ser próximos objetivos de un Estado cada vez más ciego en su carrera represora.
Esta decisión político-judicial no afecta exclusivamente a la Izquierda Abertzale. Es cierto que ella es la primera afectada porque sus dirigentes seguirán en la cárcel, seguirán sin poder presentarse a las elecciones y sus militantes podrán ser detenidos exclusivamente por su quehacer político. Pero la afección de esta decisión va más lejos porque pone en el punto de mira a todos los contestatarios, a todos aquellos que luchamos, que nos comprometemos por una realidad política diferente.
De la misma forma que el capitalismo no se puede ni se debe refundar porque en su misma razón de ser se hallan los problemas que genera y que padece la clase trabajadora y los Pueblos y Naciones del mundo, la “democracia” de la Unión Europea (esa “democracia” que acoge a personajes como Berlusconni, Sarkozy, Merkel, Kaczynski y compañía) no se puede ni se debe regenerar. Nos hace falta una democracia socialista que haga frente al racismo y a la exclusión, que defienda la libertad de los pueblos y la libertad de los trabajadores, que luche con políticas sociales reales frente al paro, la miseria y la explotación.
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo solo ha conseguido dos objetivos con esta sentencia: primero, poner un obstáculo importante a la instauración de la democracia en Euskal Herria y en segundo lugar mostrarnos en toda su crudeza la consideración que se tiene de los Derechos Humanos en esta Europa. Se cercena la participación política, se coarta la libertad de expresión, se consolidan penas de cárcel injustas, se anima a la persecución de disidentes; en definitiva, se consolida un fascismo al que nadie, en Euskal Herria, en los demás pueblos y naciones del Estado español y en todas las naciones europeas puede dar la espalda.´
sco Franco, no son condenados ni siquiera investigados por los adalides de la necesaria condena de la violencia, lo mismo que la actitud sospechosa de la policia española, tanto en grupos antiterroristas como el GAL aun no aclarados del todo como en su labor habitual en el tiempo de incomunicacion en el que los presuntos terroristas (y solo ellos como presos especiales) pueden ser mantenidos.Y por ultimo, aunque no tenga que ver con la ley de partidos pero si que tiene mucha importancia en la situacion creada en Euskal Herria, se castiga a los familiares de los presos como si el padre, la madre, o la novia de un terrorista tuviera parte de culpa en los delitos de su hijo. Esto es aberrante. Que la familia de un etarra tenga que viajar a ver a su hijo a 700 kilometros cuando la ley para todos dice que el preso tiene que estar en la carcel mas cercana posible, justifica que el trato que se les da sea de presos especiales, politicos. Como si nuestro hermano mata a alguien y nosotros tenemos que sufrir tambien el castigo (como si no fuera ya suficiente castigo que tu familiar este en la carcel -sobre todo para el-). Este es otro ejemplo de la aplicacion de la ley tanto a delincuentes como a su entorno, juzgandose ademas del acto del delito las relaciones sentimentales, intelectuales o familiares del delincuente.
El Estado de derecho tiene que luchar contra el terrorismo o cualquier otro delito con la ley, con una legislacion que se aplique igual para todos (incluso para el jefe del estado), y que sirva tambien para combatir cualquier tipo de violencia, no solo la que interesa. Si los terroristas son criminales, que se les trate como al resto de criminales. Tratarles como delincuentes "especiales", porque tienen fines politicos en su actuacion solo sirve para reconocer que son, como ellos mismo dicen, "presos politicos" y que hay un conflicto politico detras de su lucha, como niegan continuamente los representantes del gobierno.
En fin, que el Tribunal de Derechos Humanos europeo diga que la Ley de Partidos Politicos es "democratica" solo define la opinion que tienen las instituciones europeas de la democracia: lo importante no es que el pueblo se exprese, que luche por sus ideas a traves de las formulas construidas para ello, sino que el Estado se sienta seguro y sin que nadie lo ponga en riesgo. Seguridad antes que libertad, y en nombre de la primera se justifica mutilar a la segunda.Como dicen los integrantes del PCPE que escriben el siguiente articulo, ademas esta decision afecta a cualquier disidente que quiera expresar sus ideas alternativas en partidos politicos: desde ahora tendran que pasar por el aro que definan los partidos oficialistas, porque si no la ilegalizacion sera siempre una espada de Damocles sobre ellos. Un escenario bastante poco democratico.
ESTRASBURGO, EL RETRATO DE UNA EUROPA REACCIONARIA
Enrique Bert y Pablo Lorente son militantes del EK-PCPE
La decisión del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo de respaldar la llamada Ley de Partidos y las consecuentes y sucesivas ilegalizaciones sufridas por la Izquierda Abertzale en los últimos años supone un espaldarazo político de primera magnitud a la política antidemocrática acordada por PP y PSOE en el llamado Pacto Antiterrorista; de ahí la indisimulada satisfacción expresada por ambos partidos políticos. Sin embargo para los y las comunistas, esta decisión “jurídica” no hace sino mostrar a todos los demócratas y progresistas europeos la realidad política de esta Europa del capital y del imperialismo.
Hace pocas semanas, durante la campaña electoral al Parlamento Europeo desde el PCPE ya decíamos que nuestra candidatura confrontaba el proyecto europeo imperialista al mismo tiempo que calificábamos a la Unión Europea (y por ende a sus instrumentos jurídicos) como imperialista e instrumento sin reforma posible. Los y las comunistas nos presentamos para denunciar el carácter antidemocrático, capitalista e imperialista de la Unión Europea a la vez que reivindicábamos el Socialismo como única vía de solución para los graves problemas políticos, sociales y económicos que sufre la clase trabajadora europea.
Estas palabras, dichas apenas hace unas semanas, podrían repetirse de forma casi literal ante un hecho de trascendencia política como es el aval jurídico a la estrategia de represión y degradación democrática que supuso la implantación y posterior puesta en práctica de la Ley de Partidos, ley que no podemos olvidar se redactó ad hoc con el único objetivo de dejar fuera del juego político y de la realidad institucional –ellos lo llaman “fuera de la legalidad”- a la Izquierda Abertzale.
La Ley de Partidos fue un instrumento que surgió para contestar desde la supuesta legalidad a una realidad social que lograba una vez sí y otra también respaldo popular y alcanzaba distinta representación institucional en todas las contiendas electorales. A pesar de los discursos grandilocuentes donde se afirmaba una vez tras otra el final del mal llamado “problema vasco” PP y PSOE se encontraban con la terca disposición de miles de vascas y vascos a seguir pensando en clave independentista y socialista. Cuando en momentos de tregua esta Izquierda Abertzale se colocó cerca de la gestión institucional, lo que es lo mismo que decir cerca de romper el status quo implantado por los grandes partidos del Estado más PNV y UPN, por el cual se garantizaba tanto la “gobernabilidad” de las comunidades autónomas del País Vasco y Nafarroa como el equilibrio mismo del estado, éste respondió dando un salto adelante en la fascistización de los distintos poderes, procediendo a ilegalizar, detener, encarcelar y reprimir.
Por lo tanto, ante el hecho de no poder derrotar a la realidad política y social independentista y de izquierdas estos partidos decidieron –al más puro estilo del apartheid sudafricano- relegar a esas miles de personas y vivir como si no existieran. Esta situación, profundamente reaccionaria y antidemocrática, ha sido avalada por el Tribunal de Estrasburgo. La Unión Europea se ha retratado a sí misma, avalando la política represiva del Estado español y, en última instancia, prefiriendo mirar más por su seguridad interna antes que defender los derechos humanos de miles de ciudadanos y ciudadanas.
Esta decisión es histórica porque avala la represión desde la democracia burguesa. Mientras la extrema derecha campa a sus anchas en Europa, mientras los xenófobos, racistas, reaccionarios y capitalistas alcanzan cada vez mayores cotas de poder ante el silencio cómplice de muchos, la izquierda es perseguida sin miramiento alguno. Los casos de la República Checa, de Turquía, de Hungría, de las repúblicas bálticas,… donde los comunistas y progresistas son perseguidos, pueden tener y usar de aquí en adelante el aval que este tribunal ha dado a la persecución, detención y encarcelamiento de dirigentes políticos cuyo único delito ha sido –conviene no olvidarlo- exigir el derecho de autodeterminación para el Pueblo Vasco y la necesidad del diálogo para afrontar sinceramente la solución de un conflicto armado que dura ya demasiado.
Con esta decisión Estrasburgo apuesta por la represión y ello conllevará mayores dificultades para solucionar el conflicto político. Es más, la actitud del gobierno Zapatero con la lista Iniciativa Internacionalista en el último proceso electoral nos advierte que la aplicación de la Ley de Partidos está dispuesta a traspasar las fronteras de Euskal Herria y del Estado español para poder criminalizar y golpear a todas aquellas personas solidarias, progresistas y/o revolucionarias que discrepen del actual estado de las cosas.
Esta decisión antidemocrática supone un espaldarazo a las tentaciones más reaccionarias que PP y PSOE puedan tener. A pesar del uso abusivo de términos como “estado de derecho”, “libertad política” o “igualdad de oportunidades” el proceso de degradación política que se está dando en el Estado español nos hace presumir que dentro de poco, aquellos que reivindicamos la república, que defendemos el derecho de autodeterminación del Pueblo Vasco y de todos los pueblos del Estado y de Europa, que todos aquellos que defendemos sin ambages el socialismo podemos ser próximos objetivos de un Estado cada vez más ciego en su carrera represora.
Esta decisión político-judicial no afecta exclusivamente a la Izquierda Abertzale. Es cierto que ella es la primera afectada porque sus dirigentes seguirán en la cárcel, seguirán sin poder presentarse a las elecciones y sus militantes podrán ser detenidos exclusivamente por su quehacer político. Pero la afección de esta decisión va más lejos porque pone en el punto de mira a todos los contestatarios, a todos aquellos que luchamos, que nos comprometemos por una realidad política diferente.
De la misma forma que el capitalismo no se puede ni se debe refundar porque en su misma razón de ser se hallan los problemas que genera y que padece la clase trabajadora y los Pueblos y Naciones del mundo, la “democracia” de la Unión Europea (esa “democracia” que acoge a personajes como Berlusconni, Sarkozy, Merkel, Kaczynski y compañía) no se puede ni se debe regenerar. Nos hace falta una democracia socialista que haga frente al racismo y a la exclusión, que defienda la libertad de los pueblos y la libertad de los trabajadores, que luche con políticas sociales reales frente al paro, la miseria y la explotación.
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo solo ha conseguido dos objetivos con esta sentencia: primero, poner un obstáculo importante a la instauración de la democracia en Euskal Herria y en segundo lugar mostrarnos en toda su crudeza la consideración que se tiene de los Derechos Humanos en esta Europa. Se cercena la participación política, se coarta la libertad de expresión, se consolidan penas de cárcel injustas, se anima a la persecución de disidentes; en definitiva, se consolida un fascismo al que nadie, en Euskal Herria, en los demás pueblos y naciones del Estado español y en todas las naciones europeas puede dar la espalda.´
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