ón de la II República, Asociaciones de derechos humanos de España y Argentina han presentado una querella en los juzgados de Buenos Aires para investigar los crímenes del franquismo. Una de ellas es Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), organización presidida por el Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, que afirmó que luchará hasta el final por que se aplique el principio de jurisdicción universal para juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura española (1936-1975).Parece se que tendrá que ser en otro pais, Argentina, donde se juzgue el genocidio franquista, ya que en España la democracia todavia sigue teniendo demasiadas hipotecas con el régimen de Franco como para juzgarlo (y en definitiva supondria juzgarse a si misma).
Como hemos dicho en otras ocasiones, juzgar los crímenes de la dictadura franquista supone juzgar sus imposiciones, lo que se ha perpetuado de él en la democracia actual, empezando por el heredero del franquismo, Juan Carlos de Borbon, y todos los altos cargos politicos, militares y policiales que lo fueron en la dictadura y despues en esta democracia vigilada a la que dio lugar, al igual que a las instituciones heredadas.
La "querella criminal" por "delitos de genocidio y/o de lesa humanidad" presentada ayer abarca el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras la dictadura. La demanda se fundamenta en el principio de "jurisdicción universal" para juzgar crímenes de lesa humanidad contemplado en la Constitución argentina y "consagrado en el Derecho Internacional".
En España, sostiene el texto, hubo "un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes".
La querella solicita a la Cámara Federal de Buenos Aires que recabe los nombres y último domicilio conocido de los miembros de los Consejos de Ministros de los gobiernos españoles en funciones entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, y certificación de los fallecidos, así como de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y dirigentes de Falange Española del mismo periodo.
Entre los nombres y domicilios que piden recabar se encuentra el del presidente fundador del Partido Popular (PP), Manuel Fraga. Asimismo, solicitan una lista con el número de desaparecidos, asesinados y torturados, otra de las fosas halladas en España, un censo de los niños robados a sus familias durante la dictadura y los nombres de "todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas".
Los demandantes esperan que la causa se nutra con aportaciones de víctimas repartidas por todo el mundo para aclarar lo que califican como "crímenes aberrantes del régimen franquista".
Uno de los abogados demandantes, Carlos Slepoy, que colaboró con el juez Garzon en varias causas contra represores de la dictadura argentina (1976-1983), considero "incongruente" que la Justicia española considere que no se pueden investigar crímenes de lesa humanidad en España cuando autorizó la investigación del mismo tipo de crímenes en otros países, como en Argentina.
La "querella criminal" por "delitos de genocidio y/o de lesa humanidad" presentada ayer abarca el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras la dictadura. La demanda se fundamenta en el principio de "jurisdicción universal" para juzgar crímenes de lesa humanidad contemplado en la Constitución argentina y "consagrado en el Derecho Internacional".
En España, sostiene el texto, hubo "un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes".
La querella solicita a la Cámara Federal de Buenos Aires que recabe los nombres y último domicilio conocido de los miembros de los Consejos de Ministros de los gobiernos españoles en funciones entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, y certificación de los fallecidos, así como de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y dirigentes de Falange Española del mismo periodo.
Entre los nombres y domicilios que piden recabar se encuentra el del presidente fundador del Partido Popular (PP), Manuel Fraga. Asimismo, solicitan una lista con el número de desaparecidos, asesinados y torturados, otra de las fosas halladas en España, un censo de los niños robados a sus familias durante la dictadura y los nombres de "todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas".Los demandantes esperan que la causa se nutra con aportaciones de víctimas repartidas por todo el mundo para aclarar lo que califican como "crímenes aberrantes del régimen franquista".
Uno de los abogados demandantes, Carlos Slepoy, que colaboró con el juez Garzon en varias causas contra represores de la dictadura argentina (1976-1983), considero "incongruente" que la Justicia española considere que no se pueden investigar crímenes de lesa humanidad en España cuando autorizó la investigación del mismo tipo de crímenes en otros países, como en Argentina.
El problema es que en España hay cosas intocables, puesto que los encargados de tocarlas tienen las manos manchadas de sangre.
http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=45410
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