sa mafia se legitimó política y económicamente como nunca antes, pese a que ese fenómeno nació hace más de dos décadas.Así se revela en el libro recientemente presentado en la Feria del Libro de Bogata, “Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano” (Debate 2010).
Tres años de investigaciones que han llevado a los autores, pertenecientes a cinco instituciones y coordinados por la analista y escritora Claudia López, a determinar que si bien distintos grupos ilegales intentaron secuestrar al Estado sólo los “narcoparamilitares” lo lograron.
“Con Uribe (2002-2010) el narcoparamilitarismo tuvo un nivel de representación y de cogobernabilidad política a nivel nacional que nunca antes había tenido”, señala López en una entrevista.
Prueba de ello fue la alta representación de esas mafias en el Legislativo durante la era Uribe, cuando 102 congresistas fueron vinculados a grupos al margen de la ley.
De ese centenar, cinco habrían tenido supuestos nexos con las guerrillas, aunque ninguno llego a ser condenado por falta de pruebas, mientras que a 97 se les relaciona con la extrema derecha armada, de los que, a su vez, 25 están condenados, diez procesados y el resto bajo investigación. Esos congresistas vinculados con los paramilitares suponían el 55% de los uribistas en el Senado, aclara López.
No obstante, la investigadora recuerda que el paramilitarismo nació en los años ochenta como fuerzas civiles contra-guerrilla envueltas en el negocio de la droga, y que fue a partir de 1994 cuando se fusionaron con los narcotraficantes.
Los paramilitares facilitaron la caída del capo Pablo Escobar, líder del ahora extinto cartel de Medellín, al tiempo que nacían las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, el germen de las temidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un proyecto que se impuso a nivel nacional una vez desmantelados los grandes carteles de Medellín y Cali, según López.
Para 2002, cuando Uribe llegó al poder, el “narcoparamilitarismo” ya había dominado y cambiado el mapa político en varias regiones amparado por círculos de poder de la Colombia rural, que más allá de buscar protección frente a las guerrillas vieron en esas mafias una forma de defender sus intereses economicos. Tales intereses iban desde eliminar a sus contrincantes políticos hasta hacerse con tierras despojadas a
los campesinos, acciones acompañadas de grandes masacres.“Los narcoparamilitares, reconocidos por el Estado, entrenados por la Fuerza Pública, son hijos ilegítimos del Estado, lo que les dio ventaja en términos de relaciones con las elites y un reconocimiento social”, detalla López. En 2002 “se sumaron masivamente al proyecto político y electoral uribista”, dotándoles de “un nivel de influencia y legitimidad sin precedentes”, matiza.
“Llegaron a tener la dirección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, agencia de inteligencia)”, de la mano de Jorge Noguera, hoy procesado y quien fue gerente regional de la primera campaña presidencial de Uribe.
Según la escritora, “ante tanta impunidad, fue la sociedad civil, la prensa y el poder judicial los que impidieron que esos grupos mafiosos lograran su objetivo de copar al Estado”.
“Colombia, en democracia, tuvo más desaparecidos, más asesinados, más violaciones a los derechos humanos que las tres dictaduras del Cono Sur sumadas”, asegura López. En 20 años se acumulan “más de 31.000 desaparecidos y 165.000 homicidios por el conflicto y motivaciones políticas”, a su juicio, “una historia de sangre a punta de bala”.
Tras el final del mandato de Uribe, habrá que ver que hace su aliado Santos. De momento, del nuevo congreso elegido en marzo de 2010, hay 29 senadores que están siendo investigados o son “herederos” de la denominada “parapolítica”, es decir, familiares o allegados de condenados por ese delito, tal y como el propio Alvaro Uribe.
http://www.aporrea.org/actualidad/n163835.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario