LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NORTEAMERICANOS
Mark Weber
En los primeros meses que siguieron al ataque a Pearl Harbour muchos supusieron que habría otros ataques contra la costa oeste de los EE.UU. El miedo dominó el país y una oleada de antipatía histérica hacia los japoneses sumergió la costa del Pacifico.
El FBI comenzó a detener a todos los japoneses “sospechosos”. Ninguno estuvo jamás acusado por crimen alguno. Casi todos eran simples miembros de la comunidad japonesa: sacerdotes sintoístas o budistas, periodistas, profesores de idioma japonés o sindicalistas. Los líderes de la colonia japonesa fueron liquidados así en una rápida operación.
Los hombres fueron deportados sin avisar. La mayoría de las familias no sabían porqué habían desaparecido, adónde habían sido llevados o cuándo serían excarcelados. Algunos de los arrestados fueron pronto puestos en libertad, pero la mayoría de ellos fueron transportados secretamente a campos de internamiento por todo el país. Muchas familias supieron sólo aos mas tarde lo que había ocurrido con sus familiares. La operación incluyó también la congelación de cuentas bancarias, la incautación de bienes, drásticas limitaciones en los viajes y los desplazamientos, toques de queda y otras medidas restrictivas. Sin embargo, esta operación del FBI apenas anunciaba la siguiente etapa de la evacuación en masa.
En febrero de 1942, el teniente general John L. De Witt, comandan
te general de la defensa del oeste de los EE.UU., pidió autorizacion al Ministro de la Guerra, Henry L. Stimson, para evacuar “japoneses y otros sujetos subversivos” del área de la costa oeste. El 19 de febrero el presidente Roosevelt firmó la orden (Orden No 9.066) que autorizaba al Ministro de la Guerra o a cualquier jefe militar para establecer “áreas militares” y excluir de ellas “a cualquier persona.”
Un mes más tarde el Presidente Roosevelt firmó la Orden No 9.102 estableciendo la “Autoridad Militar de períodos de guerra” que operaba en los campos de internamiento. Roosevelt nombró a Milton Eisenhower, hermano del futuro presidente, para aplicar y dirigir esta ley excepcional.Sin la menor disensión, el Congreso ratificó la Orden ejecutiva No 9.066, con la aprobación de la Ley Pública oportuna.
En los inicios de marzo el US Army (ejército de los EE.UU.) preparó la evacuación de casi 77.000 ciudadanos americanos de origen japonés (los Nissei) y de 43.000 japoneses (Issei) de los Estados de California, Washington, Oregon y Arizona. A lo largo de toda la costa oeste aparecieron carteles con la orden de presentarse en los puntos de evacuación: “Instrucciones para todas las personas de ascendencia japonesa” — se podía ver en grandes caracteres, en el encabezamiento –. El texto decía: “Todos los japoneses, extranjeros o no, serán evacuados en los puntos arriba citados el martes siete de abril a las 12 horas del mediodia.” Se advirtió a los evacuados para que acarrearan sus propios colchones y para que llevaran, como mucho, el equipaje que pudieran en una mano (un informe de posguerra sealaba que el 80% de los bienes almacenados pertenecientes a japoneses internados fueron “saqueados, robados o vendidos durante su ausencia,).
Los 23.000 japoneses que vivían en la costa oeste del Canadá, de los cuales tres cuartas partes eran ciudadanos canadienses, fueron perseguidos también. No se les permitió volver a la Columbia británica hasta marzo de 1949, siete largos aos después de la evacuación y tres y medio después del fin de la guerra. El Departamento de Estado obligó a los países de la América Latina para que acorralaran a “sus” japoneses. Aproximadamente 2.000 japoneses fueron embarcados desde doce países hacia diferentes campos de concentración en los EE.UU. La mayoría fueron enviados por el Perú, que quiso eliminar a todos los japoneses y aún después de la guerra rechazó la entrada de aquellos que habían sido deportados a los EE.UU. Brasil, Uruguay y Paraguay establecieron sus propios programas de internamiento. Argentina y Chile, dicho sea en su honor, no rompieron relaciones diplomáticas con el Eje hasta casi el final de la guerra. Así y todo, los japoneses no fueron ni detenidos ni internados.
La razón esgrimida para la evacuación de la costa oeste fue la del “interés militar”. Pero esta argumentación se mostró inconsistente por el hecho de que los japoneses residentes en Hawai no fueron internados en masa. Y eso que Hawai estaba en un peligro de invasión mucho mayor que la costa oeste americana. La poblacióon de la isla de Hawai estaba constituida en un 38% por japoneses, en comparación con el 1% que suponían de toda la poblacióon de California. Con la excepción de un pequeo número de hawaianos japoneses, todos permanecieron en libertad para mantener el funcionamiento económico de la isla.
La evacuación, establecida teóricamente contra sabotajes y espíias, alcanzó e incluyó a bebés
huérfanos, niños adoptados y aún a ancianos e impedidos. Los niños mestizos, si procedían de internados, también eran internados. El coronel Karl Bendetsen, que dirigía la operación, declaró: “Si tienen una sola gota de sangre japonesa iráan a los campos de concentración. Esa es mi determinación”.
El Gobierno norteamericano manifestó que los centros de detención no tenían nada que ver con los horribles campos de concentracióon de sus enemigos en Europa. La agencia de relaciones públicas del Ejército se refería constantemente a ellos como “Campos de reasentamiento” y “asilos para refugiados”. El Departamento de Estado negaba que los centros fueran campos de concentración: “por el contrario, las zonas donde estas comunidades están establecidas permiten a los japoneses el poder organizarse social y económicamente con la protección de las autoridades centrales de los EE.UU”. En un artículo publicado por la oficina de relaciones públicas del Ejército, en septiembre de 1942, un oficial se dirigía a los norteamericanos en términos similares y aadía que “a la larga los japoneses sacarán provecho de esta terrible y dolorosa experiencia”.
Fueron un total de 120.000 los que estuvieron internados en los campos de detención construidos por el Gobierno. ¿Fueron estos centros de internamiento auténticos campos de concentración? William Denman, juez jefe de la Novena Corte de Apelacion, describió así el Campo de Lago Thule:
“Las alambradas de espino rodeaban a las 18.000 personas, igual que en los campos de concentración alemanes. Había las mismas torretas, con las mismas ametralladoras, destinadas para aquellos que intentaran escalar las altas alambradas. Los barracones estaban cubiertos por cartón alquitranado y esto teniendo en cuenta las bajas temperaturas invernales de Lago Thule. Ninguna penitenciaria del Estado trataría así a un penado adulto y allí había niños y recién nacidos. Llegar a las letrinas, situadas en el centro del campo, significaba dejar las chozas y caminar bajo la nieve y la lluvia. Una vez máas el tratamiento era peor que en cualquier cárcel, sin diferenciar, además, a niños o enfermos. Por si fuera poco, las 18.000 personas estaban hacinadas en barracones de una sola planta. En las celdas de las penitenciarías estatales jamás hubo tales aglomeraciones)”. (Weglyn, pag. 156)
El Ejército utilizó seis vehículos blindados y un batallón de policía militar (31 oficiales y 899 suboficiales y soldados) para la custodia de este Campo de Lago Thule, en California. Otros campos poseían cercas electrificadas, un sinsentido si tenemos en cuenta que todos estaban situados en desiertos y zonas desoladas. Cada campo contaba con potentes focos que por la noche iluminaban hacia los barracones.
Se disparó contra cientos de internados, sufriendo muchos de ellos heridas. Ocho murieron por arma de fuego. En otras ocasiones los japoneses fueron golpeados brutalmente sin razón alguna. En el Campo de Lago Thule los guardianes tenían a gala el golpear a los detenidos con bastones de base-ball. Cuando los japoneses del campo californiano de Manzanar se manifestaron contra las condiciones de vida, los soldados arrojaron botes de humo y a continuación abrieron fuego. Un internado murió en el acto y otro más tarde. Otros nueve fueron gravemente heridos. Hubo japoneses que, desesperados, se suicidaron. Otros murieron a causa de las paupérrimas condiciones de vida.
A menudo tres generaciones de una misma familia vivían en una habitación de 6 x 7 metros. Algunas veces eran dos o tres familias distintas las que se alojaban en la mis
ma habitación. Una bombilla era el úunico mobiliario, excepción hecha de aquel que los internados pudieron construirse. En otros casos las familias fueron enviadas a establos recién “reconvertidos”, donde el hedor se volvía insoportable en verano.
Todo el correo era censurado, así como las comunicaciones internas. El japonés estaba prohibido en reuniones públicas y los servicios religiosos fueron suprimidos. Los prisioneros estaban obligados a saludar a la bandera, cantar canciones patrióticas y a declarar su lealtad a la nación “una e indivisible, con libertad y justicia para todos.”
Uno de los aspectos más significativos de esta represión racista es el hecho de que no fue protagonizada por una “clique” de fascistas y militares de extrema derecha, sino que — por el contrario — fue propagada, justificada y administrada por hombres bien conocidos por su apoyo al liberalismo y la democracia.
Condenado hoy en día por todo el mundo el programa de internamiento de japoneses, es difícil darse una idea del alcance y del apoyo que entonces tuvo. La vasta operación — como J. Ten Broek apunta — fue “iniciada por los generales; asesorada, odenada y supervisada por los jefes civiles del Departamento de Guerra; autorizada por el presidente; sufragada por el Congreso; aprobada por la Corte Suprema y aprobada por el pueblo”. (Ten Broek, pag. 325)
La primera demanda pública pidiendo el internamiento de los japoneses parece que fue hecha a comienzos de enero de 1942 por John B. Hughes, importante locutor de la Mutual Broadcasting Company. Poco después, Henry McLemore, columnista de la red de periódicos Hearts, decía a sus lectores: “Estoy por el traslado inmediato de todo japonés de la costa oeste de los EE.UU. a algun lugar lejano, en el interior; y no quiero decir tampoco a un lugar bonito. Que los reúnan como a un rebaño y que los despachen a lo más hondo de las regiones yermas. Dejémosles que palidezcan, enfermen, tengan hambre y mueran. Personalmente, odio a los japoneses. Y esto va por todos, sin excepción”. (Ten Broek, pag. 75)
El popular actor Leo Carrillo telegrafió al diputado de su circunscripción: “¿Por qué esperar a que los japoneses se sobrepongan antes de que actuemos?…Trasladémoslos inmediatamente de la costa hacia el interior… Le insto en nombre de la seguridad de todos los californianos para que la acción se inicie inmediatamente”. (Ten Broek, pag. 77)
En febrero, una delegación de congresistas de la Costa Oeste escribió al Presidente pidiendo “una evacuación inmediata de todas las personas de ascendencia japonesa… ya sean extranjeras o ciudadanos de los EE.UU., de la costa del Pacífico.”
En una emisión radiofónica para el sur de California, en conmemoración del aniversario de Lincoln, Fletcher Brown, a la sazón alcalde de Los Angeles, denunció el “enfermizo
sentimentalismo, de aquellos preocupados por las injusticias cometidas contra los japoneses residentes en los EE.UU… Afirmó que si Lincoln viviese “detendría a la gente nacida en suelo americano que guardase secreta lealtad al emperador del Japón.” “No hay la menor duda — asertó Brown ante su audiencia — de que aquel Lincoln, de apacible aspecto, cuya memoria hoy recordamos y reverenciamos, hubiese detenido a todos los japoneses y los hubiese llevado donde no pudieran causar ningún daño”.
Walter Lippmann — probablemente el más famoso de los columnistas del país — apoyó sin cortapisas la evacuación en masa en un artículo aparecido en febrero y titulado “La quinta columna de la costa”. Westbrook Pegler, su oponente conservador, siguió sus pasos días más tarde.
Sólo una semana después del ataque a Pearl Harbour, el congresista por Missisipi, John Rankin, afirmaba en la Cámara de Representantes: “Propongo que se capture a todos los japoneses de América, Alaska y Hawai y se les interne en campos de concentración; y se les envíe cuanto antes hacia Asia. Esto es una guerra racial. La civilización del hombre blanco ha entrado en guerra con el barbarismo japonés. Uno de los dos habrá de ser destruido. ¡Condenémosles! ¡Deshagámonos de ellos ahora!” (Ten Broek, pag. 87). Otro miembro del Congreso propuso la esterilización de todos los japoneses. Todas estas manifestaciones estaban en consonancia con el sentimiento popular.
lnmediatamente después de Pearl Harbour los japoneses fueron excluidos de varios sindicatos. Entre el 8 de diciembre y el 31 de marzo la ira antijaponesa produjo 36 agresiones, además de 7 muertes. Una encuesta realizada en enero de 1942 arrojaba cifras de un 93% de encuestados favorables a la evacuación de japoneses con pasaporte extranjero, mientras que un 59% quería que se expulsara también a los que tenían pasaporte norteamericano y sólo un 25% desaprobaban expresamente esta medida.
Se dio muchísima importancia al hecho de que los inmigrantes nacidos en el Japón, pero residentes en los EE.UU. desde hacia décadas (tos issei) no se hubieran nacionalizado, como supuesta prueba de su lealtad al emperador. Pero no se mencionó una antigua ley, no derogada hasta 1952, que les privaba de obtener la ciudadania norteamericana.
Desde el comienzo de la guerra se extendió el mito de que fueron poderosos grupos antijaponeses los que planearon la evacuación para anular su poderio económico. Sin embargo, la realidad es otra muy diferente. Mientras muchos pequeños propietarios pedían la evacuación, las grandes empresas no prestaron la más mínima atención al asunto.
Los japoneses fueron deportados en un momento en que la nación apoyaría cualquier tipo de medida tomada por el gobierno federal en nombre de la victoria. El hecho de que los japoneses fueron enviados a campos de concentración, y no por grupos de recalcitrantes racistas para hundir el poderío económico de los nipones, sino por un gobierno poderoso y populista, dirigido por demócratas y liberales es bien revelador. En la cúspide de la lista de los responsables — no sólo de autorizar, sino también de llevarlo a término — estaba el presidente F. D. Roosevelt.
Antes de promulgar la Orden N· 9.066, el fiscal general de los EE.UU. advirtió a Roosevelt que la seguridad del Estado no justificaba la evacuación de los japoneses. La Oficina del Fiscal General también manifestó que la evacuación supondría una violación de la Constitución.
El decano de los historiadores revisionistas americanos, Prof. James J. Martin, calificó el programa de evacuación como una “transgresión de los derechos humanos tan
importante como para ridiculizar a todas las violaciones de los derechos humanos ocurridas desde el comienzo de los EE.UU. hasta hoy”. (Weglyn, pag. 67) Roosevelt autorizó, apoyó y mantuvo una acción que sabía racista y descaradamente anticonstitucional. Pero este no es sino otro ejemplo de la enorme hipocresía con que siempre se condujo.
El responsable de organizar la evacuación, teniente general De Witt, declaró: “En esta guerra en que nos encontramos, una simple migración no rompe las afinidades raciales. La raza japonesa es una raza enemiga y aunque hayan nacido dos o tres generaciones en los EE.UU., posean la nacionalidad y se hayan ”americanizado” sus lazos raciales permanecen insolubles… De esto se sigue que a lo largo de la costa oeste hay 112.000 enemigos potenciales de origen japonés”. (Ten Broek, pags. 4, 110 y 337) Henry L. Stimson, ministro de la guerra, fue más lejos: “Sus características raciales son tales que no podemos comprenderlos ni fiarnos de ellos”.
Otra persona bien conocida por sus amplias miras liberales que ayudó a la organización de la evacuación y al internamiento tue el Subsecretario de la Guerra, John J. McCloy, que durante cuatro aos sirvió de enlace entre el Ministerio de la Guerra y la WRA (Autoridad Militar especial en tiempo de guerra), la agencia que gobernaba los campos de concentración. Después de la guerra, McCloy fue nombrado alto comisionado en Alemania y como máximo cargo aliado de la ocupación, McCloy trabajó arduamente para imponer la democracia al vencido pueblo germano.
El jefe del gabinete civil del Mando Oeste de Defensa y enlace con el Departamento de Justicia, fue Tom Clark, que más tarde sería también partícipe de los “juicios” de Nuremberg. En 1966 Clark declaraba: “Sin duda he cometido errores en mi vida, pero hay dos que públicamente reconozco y deploro: uno es mi intervención en la evacuación de los japoneses de California; la otra es el juicio de Nuremberg.”
Abe Fortas fue otro liberal de la Corte Suprema de Justicia que tomó parte activa en la campaña contra los japoneses. Quizá fue Earl Warren el más soprendente abogado de esta causa.
Considerando su larga carrera de liberal vocinglero es paradójico cuando menos que él, más que ninguna otra persona, liderara el sentimiento popular antijaponés, que hiciera más que nadie para que los japoneses fueran deportados y encarcelados. Como fiscal general de California Warren azuzó el racismo, en manifiesto esfuerzo por promover su carrera política. Era, además, miembro de la xenofoba organización “Hijos del país del dorado Oeste” dedicada a conservar California “como ha sido siempre y Dios entiende que debe ser: el paraíso del hombre blanco”. Los miembros de esta organización pretendían “Salvar California de la invasión amarilla y de sus compañeros renegados blancos”.
En febrero de 1942 Warren testificó ante un Comité especial del Congreso sobre la Cuestión Japonesa. Ese ao se presentaba a Gobernador del Estado y resultó elegido. Warren testificó, falsamente, que “los japoneses se habían infiltrado en cada punto estratégico de la costa y de los valles.” A continuación Warren afirmaba, en asombrosa elucubración, que el hecho de que ningún japonés hubiera cometido hasta entonces un hecho de deslealtad era una prueba de que en el futuro los cometerían. Más tarde, cuando el Gobierno comenzó a liberar japoneses cuya lealtad estaba fuera de toda duda, el Gobernador Warren protestó para que cada japonés liberado fuera apartado de California como potencial saboteador. Sorprendentemente aos más tarde, este hombre que se había aupado gracias a la xenofobia antijaponesa, realizó desde su cargo de jefe de justicia de la Corte Suprema una política abiertamente favorable a los negros.
Después de la evacuación muy pocos quisieron a los japoneses nuevamente en California. Un periodista, Robinson, amenazó con degollar a cualquier deportado que osara volver. La congresista por California, Clair Engle, declaró: “No queremos a esos japoneses de vuelta y cuanto antes nos deshagamos de ellos mejoe”. Un sondeo realizado por un periódico de Los Angeles a finales de 1943 mostraba que los californianos, en una proporción de 10 a 1, votarían por impedir que los ciudadanos de origen japonés se reintegraran en sus vidas normales. En los seis meses siguientes al fin del programa de evacuación se produjeron más de treinta agresiones contra la vuelta de los internados. En Fresno y en otros lugares cercanos, las casas de las familias recién regresadas fueron atacadas. Las organizaciones antijaponesas se multiplicaron en California y en la costa Noroeste.
Apenas existió oposición al Programa de Evacuación. Una curiosa excepción: Edgar Hoover, jefe del FBI, protestó enérgicamente contra el Programa. Este hombre, tan denostado por los
liberales norteamericanos como la personificación del fascismo y la reacción en los EE.UU., creía que la histeria de la evacuación estaba “basada más en la presión de los políticos que en hechos reales.” Afirmó que el FBI era perfectamente capaz de controlar a los pocos sujetos sospechosos (Weglyn, pag. 284).
Por su parte el predecesor de Warren, el Gobernador liberal de California Culbert L. Olson, tenía un motivo muy especial para oponerse a la evacuación. Propuso que, en vez de internar a los japoneses adultos en campos de concentración, se les llevara a las áreas rurales donde se localizaban las principales cosechas. Si los japoneses no se ocupaban de esas duras tareas — temia Culbert — “la avalancha de chicanos y negros será inevitable”. (Weglyn, pág. 94)
Seguramente la única personalidad honesta en esta historia fue Norman Thomas, el líder de los socialistas norteamericanos, cuya actitud fue, cuando menos, nada hipócrita y considerada desde la perspectiva actual, casi heroica. Thomas había sido el portavoz y el líder verdadero del movimiento para mantener a los EE.UU. fuera de la conflagración mundial y fue la única personalidad en oponerse vehementemente al Programa de Evacuación. Thomas denunció la política de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), de la que, sin embargo, había sido co-fundador, cuando la ACLU manifestó que la Evacuación caía dentro de las atribuciones del Presidente, “lo que es — replicó Thomas — quizá tan ominoso como la Evacuación misma… y es comunmente aceptado por esos que tan orgullosamente se autocalifican de liberales”.
Este raro y honesto liberal (en el sentido norteamericano del término, N. del T.) se consternaba ante la general tolerancia del Programa y así lo escribió: “Con mi experiencia de casi treinta años nunca encontré más difíicil el hacer despertar al pueblo norteamericano en un asunto tan importante. Los hombres y mujeres que no conocen los hechos (a excepción de la versión de color de rosa de la prensa) niegan vehemente que haya campos de concentración; aparentemente es un término sólo utilizable cuando los guardianes hablan aleman”. (Weglyn, pags. 111-112)
La Corte Suprema falló sobre tres casos relacionados con el programa de Evacuación. En el Caso Hirabayashi (1943) la Corte falló unánimente a favor de une condena contra un grupo de personas, diferenciadas únicamenté por su origen racial. En el caso korematsu (1944) se juzgaba a un Nissei (ciudadano de origen nipón) que se negó a aceptar la evacuación. El juez Hugo Black, hablando por el jurado, decidió que el Programa era válido. Ignorando las garantías constitucionales y la igualdad ante la ley, el tribunal decidió que un grupo de ciudadanos pueden ser discriminados y arrancados de sus hogares, internados en campos de concentración durante varios aos, sin prueba alguna, únicamente por su origen.
Sóolo a fines de 1944, en el Caso Endo, la Corte falló unánimamente que el Gobierno no tenía derecho a detener ciudadanos norteameicanos indefinidamente. Esta decisión acabó con el Programa de Evacuación. A los dos días de concluir el processo, el Gobierno anunció que, exceptuando a los sospechosos, los japoneses encarcelados eran libres para volver a sus hogares.
Se han hecho a menudo comparaciones entre los campos de concentración alemanes y los norteamericanos. Aunque Topaz, Poston y Rio Gila no fueron nunca tan conocidos como Buchenwald, Bergen-Belsen o Dachau. El hambre y las epidemias no llegaron nunca a los campos norteamericanos; a los alemanes sí. En los EE.UU. la vida social y económica permaneció prácticamente intacta durante la Segunda Guerra Mundial. Las ciudades no fueron destruidas por los bombardeos. Nunca hordas de invasores amenazaron sus fronteras. El Gobierno americano pudo, pues, dirigir sus campos de concentración como en tiempos de paz.
La situación alemana era totalmente distinta. En los últimos meses de la guerra Alemania sostenía una lucha desesperada por su existencia y el sistema socio-económico se colapsó totalmente debido a las derrotas militares. Las horrendas escenas fotografiadas por los aliados en los campos de concentración alemanes y que fueron distribuidas como propaganda por todo el mundo mostraban, en realidad, los resultados del hambre y las epidemias que campaban a sus anchas por Europa como consecuencia de la guerra.
En los juicios de Nuremberg los abogados defensores alemanes comparaban la evacuación de los judíos de Europa con la deportación de los japoneses de la costa oeste noteamericana. En ambos casos las deportaciones estaban justificadas — segun las autoridades de cada país — por “necesidades militares”. Los abogados defensores citaron los fallos del Tribunal Supremo norteamericano en los Casos Hirabayashi y Korematsu. En el fallo del primero se hacía constar que la decisión estaba basada “en el reconocimiento de hechos y circunstancias que indican que un grupo de una extracción determinada puede amenazar la seguridad nacional más que otros”.
Los alemanes tuvieron, si se piensa, razones mucho mayores para internar a los judíios europeos. Los japoneses fueron deportados bajo la sospecha de lo que podían llegar a hacer: ni un solo japonés fue realmente acusado de un caso probado de sabotaje o espionaje. Pero miles de judíos de toda Europa formaban parte, como reconocen todos los historiadores y proclaman con orgullo los judíos, de los movimientos de resistencia. Y habían cometido incontables delitos tipificados, como asesinato, incendio, robo y destrucción, antes de que los alemanes iniciaran la evacuación.
Además, los alemanes tenían mayor justificación legal para su política. La gran mayoría de los internados japoneses eran ciudadanos norteamericanos, con derecho a ser protegidos por la ley en un plano de igualdad; mientras que los judíos de Alemania y la Europa ocupada no eran, en su inmensa mayoría, ciudadanos alemanes. La mayoría de los judíos evacuados hacia el Este procedían de territorios ocupados o de países aliados de Alemania.
En la postguerra los “mass media” han insistido, durante años y con ahinco, en la “culpa” del pueblo alemán por no haber — en general — hecho nada cuando los judíos eran evacuados hacia el Este. ¿Cómo comparar esto con el entusiasmo sin límites y sin precedentes del pueblo norteamericano a favor de la deportación de los nipones?
Desde el fin de la guerra los alemanes han pagado más de 10 billones de dó1ares en indemnizaciones a organizaciones judías, al Estado de Israel y a muchos judíos individualmente, en todo el mundo, a causa de “haber sufrido física o psíquicamente, o haber sido privados injustamente de su libertad”. Sin embargo, ningun internado de los campos de concentración norteamericanos ha recibido hasta ahora ni un solo dó1ar por todas las humillaciones, privaciones e ingresos económicos perdidos en los aos de cautiverio. Sorprendentemente, sin embargo, el gobierno de los EE.UU. presionó al de la Alemania del Este para que también indemnice a judíos, que entonces no eran, y en muchos casos siguen sin serlo, ciudadanos norteamericanos. Los alemanes fueron acusados en Nuremberg de “crímenes contra la humanidad”, entre otros motivos, por perseguir a personas por su origen racial. ¿Qué responsabilidad tuvieron los países, incluidos los EE.UU., que constituyeron el Tribunal Militar Internacional y mantuvieron en sus territorios el mismo principio? ¿Por qué ningún norteamericano fue llamado a declarar por los mismos crímenes por los cuales los alemanes fueron juzgados y ahorcados en Nuremberg?
BlBLIOGRAFIA
BOSWORTH, Allan R., America’s Concentration Camps, Nueva York, 1967.
JAPANESE AMERICAN CITIZENS LEAGUE, The Japanese American Incarceration: A case for Redress, San Francisco, 1978.
MYER, Dillon S., Uprooted Americans. (The Japanese Americans and the War Relocation Authority during Worid War Two.),Tucson, 1971.
PETERSEN, William, “The Incarceration of the Japanese-Americans”, en National Review, 8/12/1972.
SPICER, Edward H. - HANSEN, A. T. - LUOMALA, K. - OPLER, M. K., Impounded People (Japanese Americans in the Relocation Centers), Tucson, 1969.
TEN BROEK, Jacobus - BARNHART, E. H. - MATSON, F. W., Prejudice, War and the Constitution, Berkeley, 1968.
WEGLYN, M., Years of Infamy (The Untold Story of America’s Concentration Camps), Nueva York, 1976.
Traducción del presente artículo realizada por J. González.
Este artículo apareció originalmente en el número 1 del volumen 2 del Journal of Historical Review que ha autorizado su traducción y publicación a Revisión de España, en su No 2, Volumen I, de abril 1985.
Extraído de Revisión, No 2, vol. I, mayo 1992, Casilla de Correo No 3782, CP (1000), Correo
Central, Buenos Aires, Argentina, pag. 23-34.
Ocurre que cuando uno lleva tanto tiempo conviviendo con mafiosos, entre negocios, juergas y actividades mas o menos ilicitas, acaba actuando en todas las cuestiones de la vida tal que un mafiosillo: tanto en su empresa, como en la casa, como en el gobierno. Asi le pasa al capo Berlusconi, que a instalado en el gobierno de Italia un gobierno camorrista que mezcla negocios de alto nivel y asuntos serios con temas de andar por casa.
erzas represivas del gobierno aplican la ley que limita la libertad politica si se piensa diferente a las consignas que las fuerzas mayoritarias conservadoras han pactado para definir lo que es "democratico" y lo que no es. La vinculacion de Alfonso Sastre al movimiento abertzale puede ser usado por el gobierno y la oposicion (todos son lo mismo cuando lo que se cuestiona es la existencia mismo del chiringuito nacional) para ilegalizar esta alternativa politica.
