Orden de detención internacional contra ministros y otros criminales franquistas, Rodolfo Martin Villa y el suegro de Gallardón, entre ellos

La jueza federal argentina Maria Servini de Cubria consideró que los delitos atribuidos a los imputados "constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal".

Por eso dispuso que Interpol concrete su "arresto preventivo" para fines de extradición a ese país con miras a tomarles declaración indagatoria.

La magistrada tomó esa decisión a petición del fiscal de la causa, Ramiro González, luego de que ambos viajaron a España para tomar declaración a sobrevivientes, familiares de víctimas y recopilar documentación.

De esta forma, Servini ratificó lo sostenido al ordenar las cuatro primeras detenciones en la causa el año pasado en lo referido a los argumentos para sostener "la jurisdicción" de Argentina "para juzgar los hechos que motivaran" la querella criminal por homicidios, secuestros, torturas y robo de bebés durante la dictadura franquista en España.

La decisión recayó sobre Antonio Carro Martínez, José Utrera Molina, Fernando Suarez Gonzalez, Jesús Cejas Mohedano, quienes fueron autoridades de la época y ex miembros del Consejo de Guerra del franquismo y policías.

Además, se pidió la detención de otros criminales al servicio del franquismo, como Licinio de La Fuente, Antonio Barrera de Irimo, José María Sánchez, Licino De La Fuente, Ventura Pascual, Alfonso Osorio Garcia, Jesús Quintana Saracibar, Rodolfo Martín Villa, Antonio Troncoso de Castro y Carlos Rey Gonzalez. Jesús Gonzalez Reglero, Ricardo Algar Barrón, Felix Criado Sanz, Pascual Honrado De La Fuente Reglero, Jesús Martinez Torres, Benjamín Solsona Cortes y Atilano del Valle Oter, entre otros.

En la resolución se les adjudican distintos tipos de delitos a los acusados, desde homicidio, hasta secuestros, tortura y sustracción de un recién nacido según el caso, todos cargos que contemplan penas de prisión elevadas y de cumplimiento efectivo.

Esta causa se originó por una denuncia penal que el 14 de abril de 2010 radicaron en la Justicia federal argentina el hijo de un gallego fusilado en 1936 y la sobrina nieta de dos hombres ejecutados en 1937, a esta primera denuncia se le fueron sumando querellantes, hasta llegar a ser "entre 150 y 200", según confió la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo ( Ceaqua).

También se presentaron como querellantes la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, Abuelas de Plaza de Mayo, Liga por los Derechos del Hombre, Comisión Provincial por la Memoria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Sociales y Legales(CELS), Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Comité de Acción Jurídica.

Criminales franquistas hasta ahora protegidos por el régimen español

"Es una gran noticia y un triunfo de las víctimas del franquismo, que no han cesado de luchar nunca por sus derechos y con sus propios recursos, que son muy limitados. Ahora tenemos qué esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y ver cómo responde el Gobierno y el Estado español y si puede mantener la teoría de que estos crímenes ya están prescritos porque no estamos ante crímenes contra la humanidad", declaró el abogado Carlos Slepoy nada más conocer la noticia.

Los veinte criminales franquistas sobre los que han recaído órdenes de detención internacional pueden dividirse en cuatro grupos. Por una parte, los exministros que firmaron las penas de muerte de Salvador Puig Antich o de los cinco últimos fusilados por el franquismo en septiembre de 1975. Es decir: José Utrera Molina, el suegro de José María Ruiz Gallardón, hasta hace muy poco Ministro de Justicia, Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo y José María Sánchez-Ventura Pascual.

Por otro lado, los acusados de ser corresponsables de la matanza de Vitoria en marzo del 76, Rodolfo Martín Villa, como ministro de Relaciones Sindicales, y Alfonso García, como ministro de Presidencia y Jesús Quintaba Saracibar. Otro apartado estaría dedicado a jueces y letrados donde estarían nombres conocidos como Carlos Rey (ex abogado de la política del PP Alicia Sánchez Camacho) y, por último, un nutrido grupo de exmiembros de fuerzas de seguridad del Estado por presuntas torturas.

La resolución de la jueza argentina será cursada por la Cancillería argentina (el Ministerio de Asuntos Exteriores) y será enviada al Ministerio de Justicia español. Si el Ministerio no resuelve qué hacer con la resolución, será el Consejo de Ministros quien decida si permite que el caso llegue a la Audiencia Nacional o lo rechaza directamente. Si admite este trámite dará comienzo un proceso idéntico al que vivieron el Guardia Civil Jesús Muñecas y el presunto torturador Juan Antonio López Pacheco, alias 'Billy el Niño' hace apenas unos meses y donde el primer paso sería tomar medidas preventivas y después declarar ante la Justicia.

La Audiencia Nacional resolvió entonces negar la extradición de los dos franquistas al considerar que los delitos cometidos ya estarían prescritos al no apreciar indicios de crímenes de lesa humanidad. Ahora son veinte órdenes. Los hechos imputados son aún más graves si cabe. La pelota vuelve a estar en el tejado del Estado español. Es de presumir que, probablemente, siendo los gobernantes herederos, familiares, socios o amigos de aquellos criminales, vuelvan a rechazar la extradición. No obstante, que la justicia de un país como Argentina acuse directamente a los hasta ahora protegidos por el régimen actual, por otra parte continuador sin solución de continuidad del sanguinario franquismo, es. sin duda, un paso adelante para que las víctimas de los asesinos puedan tener algún día al menos la reparación moral de ver a los criminales entre rejas o, al menos, en el lugar que les corresponde en la historia: el de los genocidas.