Las grabaciones del macrojuicio en 1995 contra Terra Lliure tras la Operación Garzón

Terra Lliure (Tierra Libre en español) es el nombre de una organización independentista catalana de ideologia marxista-leninista, fundada en 1978 y autodisuelta en 1995. Su objetivo era fundar un estado socialista en Cataluña. Durante su existencia, las Fuerzas de Seguridad del Estado llegaron a detener a 300 personas vinculadas a la organización. Terra Lliure se autodisolvió en 1991, abandonando la lucha armada. Sus dirigentes y militantes ingresaron en Esquerra Republicana de Catalunya, que les había exigido la renuncia de la violencia como condición para dicho ingreso.1 Los presos de la organización fueron saliendo de la cárcel tras ser indultados o cumplir condena. En 1996 ya no quedaba ningún miembro de Terra Lliure en prisión.

A esto hace falta añadir la detención, en junio de 1992, de unos sesenta militantes en la denominada Operación Garzón (nombre del juez que la ordenó), poco antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona (julio de 1992) cuyo fin era evitar que la organización aprovechará el acontecimiento para actuar. Esas detenciones dejaría a Terra Lluire practicamente desarticulada.

Quince de los detenidos presentaron una demanda contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando haber sufrido torturas. El 2 de noviembre de 2004, el Tribunal emitió su fallo. En él desestimaba las alegaciones de torturas pero condenaba al Estado español por no haber realizado una investigación profunda y efectiva de los hechos, de acuerdo con el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, a fin de averiguar si éstas habían tenido lugar, considerando que la investigación efectuada no había sido exhaustiva. España fue condenada a indemnizar a los demandantes con 8.000 euros cada uno por daños morales. Asimismo se impuso a España el pago de 12.009 euros en concepto de costes legales.

Llibertat ha hecho publicas ahora algunas de las grabaciones de aquellos juicios, donde, como en tantos otros del estado español, sobre la evidencia de las torturas ejercidas sobre los detenidos se corre un tupido velo, en vez de investigarlas a fondo para desvelar la verdad y juzgar, si es el caso a los culpables ¿No es esa la labor de la justicia?

La respuesta es Sí; aunque cuando la justicia está supeditada a intereses políticos puede que convenga no remover algunos delitos aunque estos choquen frontalmente no solo con la independencia judicial, sino también con la existencia, que en nuestro pais lleva cuarenta años siendo ficticia, de la democracia.

Curiosamente el juez que coordinó aquellas detenciones y los juicios donde se hizo caso omiso a las denuncias de torturas (como, por otra parte, se hace habitualmente en nuestro pais) fue el juez Garzón, convertido por algunos en el adalid de los derechos humanos en España, aunque no fuera inhabilitado entonces por mirar para otro lado (o quizas mirar con una clara intención) ante las denuncias de malos tratos y violencia policial de los detenidos, ni lo fuera jamás en la multitud de casos similares que han existido bajo la responsabilidad de este juez y otros muchos.

Por supuesto que para los medios, tan democraticos como sus propietarios capitalistas, y por lo tanto para la mayoria de los españoles, tan crédulos y sumisos como ahora,   los únicos terroristas eran los de Terra Lliure:

Veamos el artículo traducido al castellano de Llibertat y el video con las grabaciones:

"El macrojuicio que se llevo a cabo contra un grupo de independentistas acusados ​​de formar parte de Terra Lliure se llevó a cabo en la Audiencia Nacional española entre los días 3 y 26 de abril de 1995. No sólo era un juicio excepcional a nivel estatal, sino también internacional. Para buscar un antecedente a nivel europeo de una actuación judicial de esta magnitud nos tendríamos que remontar a los juicios a las Brigadas Rojas italianas, a finales de los años setenta.

Pintada en Sabadell

Llibertat.cat ha tenido acceso a grabaciones inéditas de fragmentos de este macrojuicio que ha publicado en un vídeo . En los audios se puede escuchar la participación de los magistrados y abogados, los procesados ​​que denunciaban las torturas sufridas durante las detenciones, así como los testimonios de la médico forense que encubrió las torturas y del instructor de la Guardia Civil, que llegó a amenazar a los detenidos en medio de la sala.

Se trataba del juicio más extenso por motivos políticos realizado hasta entonces en España, donde se procesaba a 24 independentistas de los cuarenta que habían sido detenidos durante el verano olímpico de 1992, y para los que se les pedía 281 años de cárcel . Además, algunos de estos procesados ​​se tuvieron que someterse a nuevos juicios de los correspondientes sumarios por acciones armadas con penas que doblaban esta cifra.

Los sumarios correspondientes a este macrojuicio y los juicios posteriores fueron instruidos por el magistrado Baltasar Garzón, actualmente inhabilitado, que dio nombre a la operación represiva más grande de la historia del independentismo.

Durante el juicio la médico forense, Leonor Ladrón de Guevara, reconoció que las torturas "son difíciles de detectar, ya que dejan señales muy pequeñas o secuelas inmediatas que no se ven a simple vista". Unas declaraciones que la colocaron en una situación de contradicción, ya que en sus informes obviaba la posibilidad de la tortura a pesar de las lesiones de los detenidos.

En este sentido, el fiscal Jesús Santos se empeñó en intentar demostrar que los detenidos habían estado siempre bajo control médico, mientras los abogados defensores remarcaban las ambigüedades de varios informes y el hecho de que la vigilancia no había sido ni constante ni suficientemente exhaustiva para poder asegurar que no había habido malos tratos. Unas contradicciones que se evidenciaron con las preguntas de los defensores. En la grabación también se escucha como una neuropsicóloga afirmaba que un detenido con traumatismo craneal (refiriéndose a Marcel Dalmau) no estaba en condiciones de declarar ante el juez instructor.

Los relatos de las torturas ocuparon un gran espacio en el juicio. Casi todos los procesados ​​declararon haber sido torturados a manos de los agentes del cuerpo militar. También un abogado madrileño, que había asistido como letrado de oficio a algunos detenidos y que defendía a un vecino de Alginet acusado de colaboración, testimonió personalmente que tenía conocimiento de la existencia de las torturas, y citaba otro detenido, a Oriol Martí, que al salir en libertad declaró como sentía que se torturaba a los demás detenidos de forma "severísima y atroz".

En los audios también se pueden escuchar las declaraciones de los detenidos al final del juicio, precisamente de un detenido que resultó absuelto, y que denuncia la impunidad de la tortura con la figura del "rey que va desnudo".

Otra secuencia que retrata el desarrollo del macrojuicio de 1995 es la del momento en que el instructor de la Guardia Civil, encubierto por el anonimato legal, amenaza uno de los detenidos al pasarle por delante con un "hasta luego, terrorista", ante la cual algunos encausados le gritaron "torturador". En la grabación se oye perfectamente como el instructor del cuerpo armado acude al presidente del tribunal justificante que le habian dicho "hijo de puta". Un incidente ante el que los tres magistrados se ven obligados, incomodados, a exigir orden.

La voz del instructor de la Guardia Civil, uno de los responsables de las torturas a los detenidos, se puede escuchar en dos momentos más, cuando entra en contradicción excusándose que él nunca había hablado de la "capucha" que se colocaba a los detenidos, y aún cuando se pone nervioso y vuelve a contradecirse ante la pregunta de la abogada sobre cómo era la puerta del calabozo a la que atribuían la autolesión de uno de los detenidos.

En otra grabación también se pueden oír los argumentos de los abogados defensores de algunos de los independentistas, como Mateo Seguí, Josep M. Loperena y Sebastià Salellas.

Finalmente, también se pueden escuchar las conclusiones del fiscal Santos, ante las cuales varios abogados defensores pidieron la absolución de sus defendidos.

Al iniciarse la vista oral, los abogados de los independentistas pidieron al tribunal que se anularan todas las declaraciones firmadas por los acusados ​​debido a que habían sido obtenidas bajo tortura.

Durante los días del macrojuicio el fiscal quedó desarmado por el hecho los principales y únicos testigos con los que contaba, varios detenidos acogidos a las medidas de reinserción del artículo 57 bis b), también se desdecían de las acusaciones e igualmente denunciaban haber sido torturados, mientras el resto de acusados ​​negaba todos los cargos.

Aquellos días también hubo muchos momentos de tensión, especialmente cuando los inculpados contaban las torturas mientras algunas personas se inquietaban e interrumpían las declaraciones con preguntas y exclamaciones. Otro momento en que los magistrados exigieron el orden en la sala fue cuando un sector del público aplaudió un discurso independentista del jubilado y detenido Josep Bou. Entonces el presidente del tribunal, José Castro, amenazó con hacer desalojar la sala, mientras "el abuelo" Bou finalizaba su declaración haciendo la señal de la victoria con las dos manos".