“Hágase saber a la extranjera” que es “irregular la permanencia en el país”, que está cancelada “la residencia precaria que se le hubiese otorgado” y que en treinta días hábiles podría “decretarse su expulsión y prohibirse su reingreso” a la Argentina. Esa es la respuesta de la Dirección Nacional de Migraciones cuando la española C. P. pidió que el país reconociera el matrimonio civil que ella y la ciudadana argentina Diana Cordero celebraron en Canadá hace dos años, y legalizado tambien en España. Tras el matrimonio vivieron en Venezuela (en cuya Defensa del Pueblo Nacional trabajaba Cordero), pero a fines del año pasado decidieron instalarse en Argentina, porque, explica Cordero, “mamá está mayor” y queria estar cerca.
Desde entonces, fue “todo un desastre”, resume la argentina: al no tener residencia, su mujer no tiene documentos ni amparo legal para trabajar, y ellas no pueden acceder a ninguno de los derechos económicos garantizados para otras familias. De hecho, C. P., que en España se garantizaba una vida cómoda gracias a su trabajo en un estudio de arquitectura, en Argentina, a los 42 años, no tiene manera de acceder a un trabajo decente y estable (porque no puede gestionar su residencia como conyuge de su pareja).
“Aunque somos legalmente un matrimonio, no nos reconocen como familia, nos discriminan porque somos mujeres, nos discriminan por nuestra orientación sexual. Soy una ciudadana de segunda”, resume Cordero, de 53 años, mientras los días pasan, su matrimonio está en cuestión y su mujer no sabe cuál será su último día en Argentina.
La pareja, que en la Justicia Nacional en lo Civil aguarda respuesta a un pedido de reconocimiento civil hecho al tribunal 10, cuenta también con el respaldo de la Federación Argentina LGBT . “Nosotros no vamos a permitir que expulse a la mujer de Diana Cordero”, aseguró María Rachid, presidenta de la FALGTB a este diario. “Vamos a poner el cuerpo para evitarlo si es necesario, no vamos a permitir que se expulse a una persona de Argentina porque no se le reconocen sus derechos”, agregó antes de recordar que “desde la Federación insistimos para que se modifique la ley de matrimonio civil cuanto antes”.
No es la primera vez que el Estado argentino se niega a reconocer un matrimonio entre personas del mismo sexo que otros países avalan y protegen, aun cuando los impactos concretos de esa decisión resultan más visibles en este caso en particular.
La alternativa para este matrimonio es, segun las instituciones argentinas, que la española se mantenga en la ilegalidad, con lo que esto conlleva en cuanto a perjuicios sociales y economicos, o que se marche del pais, y no precisamente de manera voluntaria.
La pareja, que en la Justicia Nacional en lo Civil aguarda respuesta a un pedido de reconocimiento civil hecho al tribunal 10, cuenta también con el respaldo de la Federación Argentina LGBT . “Nosotros no vamos a permitir que expulse a la mujer de Diana Cordero”, aseguró María Rachid, presidenta de la FALGTB a este diario. “Vamos a poner el cuerpo para evitarlo si es necesario, no vamos a permitir que se expulse a una persona de Argentina porque no se le reconocen sus derechos”, agregó antes de recordar que “desde la Federación insistimos para que se modifique la ley de matrimonio civil cuanto antes”.
No es la primera vez que el Estado argentino se niega a reconocer un matrimonio entre personas del mismo sexo que otros países avalan y protegen, aun cuando los impactos concretos de esa decisión resultan más visibles en este caso en particular.
La alternativa para este matrimonio es, segun las instituciones argentinas, que la española se mantenga en la ilegalidad, con lo que esto conlleva en cuanto a perjuicios sociales y economicos, o que se marche del pais, y no precisamente de manera voluntaria.
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