Las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y los grupos ecologistas han criticado la decisión del gobierno de volver a aumentar el límite de velocidad a 110km/h en las autopistas, a partir del próximo 1 de julio.Así, la asociación Stop Accidentes calificó de "muy acertada" la limitación de 110 km/h, que entró en vigor el pasado 7 de marzo, porque ha supuesto un "ahorro para los bolsillos de los conductores" y, sobre todo, "un ahorro de vidas humanas". La rebaja de la velocidad máxima en autopistas y autovías, subraya el colectivo, lleva aparejada "menos siniestralidad, menos accidentados graves y una importante disminución de los gastos asociados a los sistemas públicos de seguridad social que pagamos todos los españoles". Por otra parte, aunque de manera secundaria, las víctimas también defienden "el ahorro energético" que ha logrado esta "medida de reducción de la contaminación absolutamente necesaria".
Otra asociación de víctimas, DIA, también lamentó ayer la vuelta a los 120 km/h. Esta asociacion considera que "nadie ha sido capaz de decir qué tiene de malo", salvo los caprichosos pataleos de los que consideran un coche como un juguete sin pensar en la responsabilidad ante los demas. A diferencia de Stop Accidentes, Canes defiende que la norma no tiene "ninguna trascendencia energética ni medioambiental" e insiste en que "no se ha ahorrado tanto porque la medida sólo afectaba al 1% del tráfico".
Aun así, el presidente del colectivo asegura que la medida "sólo tenía cosas buenas" y recuerda que, desde su entrada en vigor, la asociación reclamó "el 110 definitivo" para estudiar "cuántas vidas se pueden salvar con él".
Desde que el Gobierno dijo que el nuevo límite de 110 km/h era una medida "económica" y no de "seguridad vial", estaba claro que el cambio iba a ser temporal. "Lo que realmente hace falta es reducir un 10% la velocidad máxima en todas las vías. Eso sí que generaría más fluidez en las carreteras, menos contaminación y más ahorro", se insiste desde estas asociaciones de victimas del "terrorismo vial".
Para las asociaciones, la derogación del 110 km/h obedece a intereses "políticos y electorales", aunque la excusa utilizada por el gobierno sea la bajada del precio del petroleo, que es como intentar convencer a los ciudadanos de que las cosas empiezan a ir mejor.
Los colectivos que luchan por la protección del medio ambiente también se han sumado a las críticas contra la decisión del Gobierno. De hecho, las principales ONG ecologistas se reunirán el jueves con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, a quienes protestarán por restaurar los 120 kilómetros de velocidad máxima en carretera a partir del 1 de julio.
Greenpeace, por ejemplo, sostiene que el Gobierno no ha demostrado "suficiente valentía" para mantener en vigor una norma que ha demostrado su eficacia en ahorro de combustible y emisiones de CO2. La responsable en España de la campaña de Transporte de esa organización, Sara Pizzinato, declaró a Efe que "este es un mal momento para revocar una decisión a la que la población ya se había acostumbrado y que consiguió ahorrar en gasto público y privado". Sin embargo, a las empresas petroleras, las mayores beneficiadas con la vuelta a los 120 KM/H, las victimas mortales o el medio ambiente les importa poco.
Por otra parte, Ecologistas en Acción recalcó la "incoherencia" de la decisión del Gobierno, que retira una norma después de reconocer sus ventajas. "Como ha funcionado bien, lo suprimimos", titularon los ecologistas la nota con ironía. Estos destacan, por otra parte, la inclusión en el Plan para la Mejora de la Calidad del Aire, aún en borrador, de la reducción de la velocidad a 80 kilómetros por hora en la periferia de las ciudades en las horas punta.
Sobre la posibilidad de que el Gobierno mantenga una campaña por la reducción voluntaria de la velocidad en autopistas, como adelantó ayer Rubalcaba, el portavoz de Ecologistas en Acción, Paco Segura, señaló que "lamentablemente está demostrado que lo único que funciona son las limitaciones estrictas". "Conocemos la dinámica habitual y si el límite es 120, se va a un poquito más", concluyó.
Lo cierto es que esta medida electoralista del PSOE solo beneficia a las grandes empresas y a los que consideran, al mas rancio y irresponsable estilo liberal (aznaziano) que la carretera es solo suya. Sobre las victimas de los accidentes de tráfico y la contaminación, el gobierno ha aplicado la maxima aquella que, reformulada, podria quedar así: "la recuperacion electoral bien vale unas cuantas muertes en las carreteras".
Fte: Publico
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