Manuel Navarrete escribe en Rebelion sobre la "ley mordaza" que es en definitiva la ley de partidos politicos, que puede ilegalizar colectivos por la accion ilegal de alguno de sus miembros y que puede ilegalizar ideas porque al gobierno le sale de las narices. Esto es la España democratica, donde huele mas a restos podridos del franquismo que a libertad.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=91916
"No voy a hablar sobre ETA. Voy a hablar sobre la izquierda abertzale. No faltarán ecos que repitan para sus adentros que ETA y la IA son la misma cosa. La mejor prueba de que eso es mentira es la Ley de Partidos. No hizo falta modificar el código penal para ilegalizar a ETA, ya que sus acciones eran en sí mismas ilegales según el código penal entonces vigente. Sin embargo, hubo que generar una Ley de Partidos específica para ilegalizar a Batasuna, porque no bastaba con el código penal para conseguirlo.
Este sencillo razonamiento echa por tierra de manera irrefutable una ama
lgama tan frecuente como grave. Frecuente por ser ya un tópico cotidiano en políticos, jueces y medios de comunicación. Grave porque sólo puede obtenerse sacando factor común de unos fines, en efecto compartidos, y obviando los medios, que supuestamente motivan tantas manos blancas y que son -esos sí- ilegales.
Otra propiedad de la Ley de Partidos, propiedad concienzudamente ocultada por la “libertad de expresión” española (libertad de expresión para quien tenga un millón de euros y pueda montar un periódico), es la de generar rechazo a nivel internacional. El Relator Especial de la ONU, Martin Sheinin, escribió que le preocupaba “la amplitud de la formulación de las disposiciones de la Ley de Partidos”, ya que “podrían interpretarse en el sentido de incluir a todo partido político que, por medios políticos pacíficos, trate de alcanzar objetivos políticos similares a los que persiguen los grupos terroristas”. Amnistía Internacional, por su parte, mostró su preocupación por la “ambigüedad y la imprecisión de algunos artículos”, a través de los cuales se podrían “emprender procesos de ilegalización de partidos políticos que propugnen el cambio de principios constitucionales o leyes de forma pacífica”, insistiendo en que esta ley podría “llevar a la ilegalización de partidos que compartan con los grupos armados objetivos como la independencia, pero que no aboguen ni usen la violencia”. El Colegio de Abogados de Barcelona, por su parte, fue más explícito todavía al hablar de los “efectos extensivos de la aplicación del concepto de terrorismo sobre la disidencia política”, la “normalización de una cultura jurídica de la emergencia o la excepcionalidad” y las “responsabilidades penales difusas y no colectivas”, concluyendo que “cuando los objetivos, y no los medios, son lo que se penaliza -lo que significa convertir fatalmente el independentismo vasco en terrorista- se consolida un derecho penal de autor que persigue ideologías en vez de hechos”. Huelga decir que ni la ONU, ni Amnistía, ni el Colegio de Abogados son entidades demasiado sospechosas de marxismo, radicalismo o independentismo.
Sin embargo, el Tribunal de Estrasburgo, en una decisión más política que jurídica, acaba de avalar esta ley. Escribo este artículo para declarar que, con semejante jurisprudencia, Europa se encamina hacia el fascismo. Intentaré argumentar esta afirmación.
En primer lugar, la Ley de Partidos fulmina el principio de la responsabilidad individual. Los colectivos no delinquen: únicamente delinquen las personas físicas. Por ejemplo, no puedes ilegalizar al Real Madrid porque un “ultrasur” cometa un asesinato. De hecho, hay miembros del PSOE y del PP condenados por crímenes serios, lo que no afecta para nada al funcionamiento de estos grupos en el Parlamento.
Además, están siendo ilegalizadas ideas. Si eres independentista vasco y compartes posiciones anticapitalistas, no tienes derecho a crear una organización política ni a votar. Tu única opción es volverte un nacionalista de derechas y afiliarte al PNV. Aun condenando a ETA, no serías legalizado, según declaró hace unas semanas Pérez Rubalcaba, el Ministro del Interior español. De hecho, Iniciativa Internacionalista afirmó públicamente que rechazaba “el uso de la violencia bajo condiciones democráticas”, y aun así el Tribunal Supremo trató de ilegalizarla.
Con todo, merece la pena detenerse en el asunto de la “condena”. Es cierto: Batasuna no ha “condenado” los atentados de ETA, aunque tampoco se ha pronunciado jamás a favor de los mismos. Este hecho puede ser moralmente juzgable, pero jurídicamente es por completo irrelevante, puesto que no existe ninguna ley que obligue a ello. No sólo hay -en teoría- libertad de silencio, sino que, de hecho, en el pleno parlamentario la abstención es un derecho más del supuesto “ejercicio democrático”.
Además, la no condena es perfectamente lógica. Lo que se está buscando es una mesa de negociación para acabar por fin con el conflicto. ¿A alguien se le ocurre que, durante las negociaciones entre los británicos y el Sinn Fein, hubiera que exigirle a Gerry Adams una condena de las actividades del IRA? Este disparate sólo podía surgir de la nefasta mentalidad española, anclada en el guerracivilismo. Con semejante política, jamás habría llegado la paz a una parte de Irlanda. Porque la paz no es lo mismo que la pacificación o el aplastamiento policíaco o militar del otro bando. La paz es una estructura, el efecto de una composición de fuerzas que entran en equilibrio. Jamás se podrá formar una mesa de negociación llamando asesinos a los virtuales interlocutores, ni exigiéndoles que se pongan de rodillas. Hay que partir del respeto si alguna vez se quiere alcanzar la resolución del conflicto.
Por otra parte, habría que recordar que el PP se negó a condenar los asesinatos de Franco. El PSOE, por su parte, no es que no haya condenado los asesinatos del grupo terrorista GAL, sino que dicho grupo fue organizado y financiado por él, en tiempos de Felipe González. Esto por no hablar de la tortura en cárceles y comisarías, o de la violencia de las tropas españolas ocupantes en países como Afganistán o Líbano. Se nos exige una condena ritual, maniquea y obligatoria de un solo bando, pero ¿por qué hay que condenar la violencia disidente cuando nadie condena la violencia institucional, infinitamente más grave?
Retomando el hilo de la argumentación, y como explicábamos, principios como la responsabilidad penal individual, la libertad ideológica, la no retroactividad de las leyes, la no creación ad hoc de leyes con fines políticos... son sacrificados por un furor persecutorio que está implícito en esta legislación aberrante.
Pero lo peor de esta ley es que el juez Garzón le ha dado una enorme proyección electoral y parlamentaria. Aunque esta ley se circunscribe formalmente en la limitación del derecho de asociación (art. 22 de la Constitución Española), materialmente lo que se está limitando es el derecho de participación política (art. 23). Esto es lo que se evidenció cuando se han anularon candidaturas promovidas por agrupaciones de electores, o cuando se disolvió el grupo parlamentario SA (Socialista Abertzaleak). Y es que tanto las agrupaciones de electores como el grupo parlamentario son (objetivamente) expresión del derecho de participación política, y no del derecho de asociación. Sólo existen dos supuestos por los que podría privarse del derecho de participación a alguien, y siempre de manera individualizada: la condena por determinados delitos y la incapacidad, verificada por vía judicial. Dado que ninguno de estos dos supuestos se daba, estas decisiones fueron radicalmente anticonstitucionales y carentes de fundamentación jurídica.
Sin duda, el objetivo inicial de esta ley era la liquidación electoral de una molesta minoría, de un 15% de la sociedad vasca que se ha visualizado en todos los procesos electorales celebrados desde 1979. El problema es que la Ley de Partidos se estira como un chicle, con la famosa teoría del “entorno”. El juez Marlaska ha ilegalizado organizaciones revolucionarias con autos donde se afirman cosas como que suspendía “organismos públicos, fundaciones, asociaciones, sociedades y organismos similares de Batasuna”. Con autos así, la responsabilidad penal es tan difusa que cualquiera puede ser ya un terrorista, incluso sin saberlo y sin haber empuñado jamás un arma. ¿Qué es un organismo similar de Batasuna? Puesto que Batasuna es un partido político, el PSOE sería un organismo similar a Batasuna. ¿O tal vez por similar Marlaska entiende “políticamente afín”? En ese caso, en tanto que marxistas y partidarios de la autodeterminación, podrían ilegalizar perfectamente a organizaciones como Corriente Roja o el SAT. No en vano, uno de los argumentos del auto de ilegalización de Iniciativa Internacionalista era “el extenso curriculum político de Alfonso Sastre”, ya que esta lista no incluía un solo vasco en su candidatura...
Una última reflexión. Fue enormemente significativa la actitud del cabeza de lista de Izquierda Unida a las elecciones europeas, Willy Meyer, cuando dijo que si los tribunales ilegalizaban Iniciativa Internacionalista, él estaba de acuerdo porque estamos en un “Estado de derecho” (si IU está en contra de la Ley de Partidos, ¿cómo va a estar a favor de que ningún tribunal la aplique?). Eso por no hablar de la actitud del coordinador andaluz de IU, Diego Valderas, que amenazó al CUT de expulsión por haber avalado a Iniciativa para que pudiera presentarse. Hace poco leí también las palabras del secretario general del PCE, Paco Frutos, en el programa El círculo de primera hora: “Se nos ha criticado mucho por nuestra abstención ante la aprobación de la Ley de Partidos. Si decíamos que no, se nos confundía con HB y su entorno (…) Vimos que esta norma estaba construida al revés. Dictada únicamente para ilegalizar a HB. Por eso nos abstuvimos”. Le he estado dando vueltas a estas palabras, hasta que me he dado cuenta de una cosa: Frutos no se justifica por no haber votado en contra de la ilegalización, sino por no haber votado a favor.
Tal vez la solidaridad para con otras organizaciones anticapitalistas no opere en mentes tan mezquinas, pero al menos debería hacerlo la necesidad de pararle los pies al fascismo. De lo contrario, tal vez algún día nos encontremos a alguien diciendo: Primero fueron a por Batasuna, pero yo no dije nada porque no era de Batasuna. Luego fueron a por el PCE (r ), pero no dije nada porque tampoco era del PCE (r ). Más tarde fueron a por Izquierda Castellana, pero igualmente callé porque no era de Izquierda Castellana. Por último, fueron a por Iniciativa Internacionalista, pero una vez más callé, porque no era de Iniciativa Internacionalista. Cuando fueron a por mí, ya no quedaba nadie para protestar".
"No voy a hablar sobre ETA. Voy a hablar sobre la izquierda abertzale. No faltarán ecos que repitan para sus adentros que ETA y la IA son la misma cosa. La mejor prueba de que eso es mentira es la Ley de Partidos. No hizo falta modificar el código penal para ilegalizar a ETA, ya que sus acciones eran en sí mismas ilegales según el código penal entonces vigente. Sin embargo, hubo que generar una Ley de Partidos específica para ilegalizar a Batasuna, porque no bastaba con el código penal para conseguirlo.
Este sencillo razonamiento echa por tierra de manera irrefutable una ama
lgama tan frecuente como grave. Frecuente por ser ya un tópico cotidiano en políticos, jueces y medios de comunicación. Grave porque sólo puede obtenerse sacando factor común de unos fines, en efecto compartidos, y obviando los medios, que supuestamente motivan tantas manos blancas y que son -esos sí- ilegales.Otra propiedad de la Ley de Partidos, propiedad concienzudamente ocultada por la “libertad de expresión” española (libertad de expresión para quien tenga un millón de euros y pueda montar un periódico), es la de generar rechazo a nivel internacional. El Relator Especial de la ONU, Martin Sheinin, escribió que le preocupaba “la amplitud de la formulación de las disposiciones de la Ley de Partidos”, ya que “podrían interpretarse en el sentido de incluir a todo partido político que, por medios políticos pacíficos, trate de alcanzar objetivos políticos similares a los que persiguen los grupos terroristas”. Amnistía Internacional, por su parte, mostró su preocupación por la “ambigüedad y la imprecisión de algunos artículos”, a través de los cuales se podrían “emprender procesos de ilegalización de partidos políticos que propugnen el cambio de principios constitucionales o leyes de forma pacífica”, insistiendo en que esta ley podría “llevar a la ilegalización de partidos que compartan con los grupos armados objetivos como la independencia, pero que no aboguen ni usen la violencia”. El Colegio de Abogados de Barcelona, por su parte, fue más explícito todavía al hablar de los “efectos extensivos de la aplicación del concepto de terrorismo sobre la disidencia política”, la “normalización de una cultura jurídica de la emergencia o la excepcionalidad” y las “responsabilidades penales difusas y no colectivas”, concluyendo que “cuando los objetivos, y no los medios, son lo que se penaliza -lo que significa convertir fatalmente el independentismo vasco en terrorista- se consolida un derecho penal de autor que persigue ideologías en vez de hechos”. Huelga decir que ni la ONU, ni Amnistía, ni el Colegio de Abogados son entidades demasiado sospechosas de marxismo, radicalismo o independentismo.
Sin embargo, el Tribunal de Estrasburgo, en una decisión más política que jurídica, acaba de avalar esta ley. Escribo este artículo para declarar que, con semejante jurisprudencia, Europa se encamina hacia el fascismo. Intentaré argumentar esta afirmación.
En primer lugar, la Ley de Partidos fulmina el principio de la responsabilidad individual. Los colectivos no delinquen: únicamente delinquen las personas físicas. Por ejemplo, no puedes ilegalizar al Real Madrid porque un “ultrasur” cometa un asesinato. De hecho, hay miembros del PSOE y del PP condenados por crímenes serios, lo que no afecta para nada al funcionamiento de estos grupos en el Parlamento.
Además, están siendo ilegalizadas ideas. Si eres independentista vasco y compartes posiciones anticapitalistas, no tienes derecho a crear una organización política ni a votar. Tu única opción es volverte un nacionalista de derechas y afiliarte al PNV. Aun condenando a ETA, no serías legalizado, según declaró hace unas semanas Pérez Rubalcaba, el Ministro del Interior español. De hecho, Iniciativa Internacionalista afirmó públicamente que rechazaba “el uso de la violencia bajo condiciones democráticas”, y aun así el Tribunal Supremo trató de ilegalizarla.
Con todo, merece la pena detenerse en el asunto de la “condena”. Es cierto: Batasuna no ha “condenado” los atentados de ETA, aunque tampoco se ha pronunciado jamás a favor de los mismos. Este hecho puede ser moralmente juzgable, pero jurídicamente es por completo irrelevante, puesto que no existe ninguna ley que obligue a ello. No sólo hay -en teoría- libertad de silencio, sino que, de hecho, en el pleno parlamentario la abstención es un derecho más del supuesto “ejercicio democrático”.
Además, la no condena es perfectamente lógica. Lo que se está buscando es una mesa de negociación para acabar por fin con el conflicto. ¿A alguien se le ocurre que, durante las negociaciones entre los británicos y el Sinn Fein, hubiera que exigirle a Gerry Adams una condena de las actividades del IRA? Este disparate sólo podía surgir de la nefasta mentalidad española, anclada en el guerracivilismo. Con semejante política, jamás habría llegado la paz a una parte de Irlanda. Porque la paz no es lo mismo que la pacificación o el aplastamiento policíaco o militar del otro bando. La paz es una estructura, el efecto de una composición de fuerzas que entran en equilibrio. Jamás se podrá formar una mesa de negociación llamando asesinos a los virtuales interlocutores, ni exigiéndoles que se pongan de rodillas. Hay que partir del respeto si alguna vez se quiere alcanzar la resolución del conflicto.
Por otra parte, habría que recordar que el PP se negó a condenar los asesinatos de Franco. El PSOE, por su parte, no es que no haya condenado los asesinatos del grupo terrorista GAL, sino que dicho grupo fue organizado y financiado por él, en tiempos de Felipe González. Esto por no hablar de la tortura en cárceles y comisarías, o de la violencia de las tropas españolas ocupantes en países como Afganistán o Líbano. Se nos exige una condena ritual, maniquea y obligatoria de un solo bando, pero ¿por qué hay que condenar la violencia disidente cuando nadie condena la violencia institucional, infinitamente más grave?
Retomando el hilo de la argumentación, y como explicábamos, principios como la responsabilidad penal individual, la libertad ideológica, la no retroactividad de las leyes, la no creación ad hoc de leyes con fines políticos... son sacrificados por un furor persecutorio que está implícito en esta legislación aberrante.
Pero lo peor de esta ley es que el juez Garzón le ha dado una enorme proyección electoral y parlamentaria. Aunque esta ley se circunscribe formalmente en la limitación del derecho de asociación (art. 22 de la Constitución Española), materialmente lo que se está limitando es el derecho de participación política (art. 23). Esto es lo que se evidenció cuando se han anularon candidaturas promovidas por agrupaciones de electores, o cuando se disolvió el grupo parlamentario SA (Socialista Abertzaleak). Y es que tanto las agrupaciones de electores como el grupo parlamentario son (objetivamente) expresión del derecho de participación política, y no del derecho de asociación. Sólo existen dos supuestos por los que podría privarse del derecho de participación a alguien, y siempre de manera individualizada: la condena por determinados delitos y la incapacidad, verificada por vía judicial. Dado que ninguno de estos dos supuestos se daba, estas decisiones fueron radicalmente anticonstitucionales y carentes de fundamentación jurídica.Sin duda, el objetivo inicial de esta ley era la liquidación electoral de una molesta minoría, de un 15% de la sociedad vasca que se ha visualizado en todos los procesos electorales celebrados desde 1979. El problema es que la Ley de Partidos se estira como un chicle, con la famosa teoría del “entorno”. El juez Marlaska ha ilegalizado organizaciones revolucionarias con autos donde se afirman cosas como que suspendía “organismos públicos, fundaciones, asociaciones, sociedades y organismos similares de Batasuna”. Con autos así, la responsabilidad penal es tan difusa que cualquiera puede ser ya un terrorista, incluso sin saberlo y sin haber empuñado jamás un arma. ¿Qué es un organismo similar de Batasuna? Puesto que Batasuna es un partido político, el PSOE sería un organismo similar a Batasuna. ¿O tal vez por similar Marlaska entiende “políticamente afín”? En ese caso, en tanto que marxistas y partidarios de la autodeterminación, podrían ilegalizar perfectamente a organizaciones como Corriente Roja o el SAT. No en vano, uno de los argumentos del auto de ilegalización de Iniciativa Internacionalista era “el extenso curriculum político de Alfonso Sastre”, ya que esta lista no incluía un solo vasco en su candidatura...
Una última reflexión. Fue enormemente significativa la actitud del cabeza de lista de Izquierda Unida a las elecciones europeas, Willy Meyer, cuando dijo que si los tribunales ilegalizaban Iniciativa Internacionalista, él estaba de acuerdo porque estamos en un “Estado de derecho” (si IU está en contra de la Ley de Partidos, ¿cómo va a estar a favor de que ningún tribunal la aplique?). Eso por no hablar de la actitud del coordinador andaluz de IU, Diego Valderas, que amenazó al CUT de expulsión por haber avalado a Iniciativa para que pudiera presentarse. Hace poco leí también las palabras del secretario general del PCE, Paco Frutos, en el programa El círculo de primera hora: “Se nos ha criticado mucho por nuestra abstención ante la aprobación de la Ley de Partidos. Si decíamos que no, se nos confundía con HB y su entorno (…) Vimos que esta norma estaba construida al revés. Dictada únicamente para ilegalizar a HB. Por eso nos abstuvimos”. Le he estado dando vueltas a estas palabras, hasta que me he dado cuenta de una cosa: Frutos no se justifica por no haber votado en contra de la ilegalización, sino por no haber votado a favor.
Tal vez la solidaridad para con otras organizaciones anticapitalistas no opere en mentes tan mezquinas, pero al menos debería hacerlo la necesidad de pararle los pies al fascismo. De lo contrario, tal vez algún día nos encontremos a alguien diciendo: Primero fueron a por Batasuna, pero yo no dije nada porque no era de Batasuna. Luego fueron a por el PCE (r ), pero no dije nada porque tampoco era del PCE (r ). Más tarde fueron a por Izquierda Castellana, pero igualmente callé porque no era de Izquierda Castellana. Por último, fueron a por Iniciativa Internacionalista, pero una vez más callé, porque no era de Iniciativa Internacionalista. Cuando fueron a por mí, ya no quedaba nadie para protestar".
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